La decisión política de construir un vertedero de residuos sólidos en las inmediaciones del caserío Lapatx en la década de 1980, provocó una notable oposición por parte de grupos ecologistas, propietarios de los terrenos afectados, y vecinos del municipio contrarios a este proyecto. La cuestión derivó en acciones violentas y un tensionamiento de la sociedad azpeitiarra reflejado tanto en sus instituciones locales a través de los plenos municipales como en diferentes actos de protesta y manifestaciones.
El 29 de septiembre de 1983 el consistorio azpeitiarra dio luz verde al proyecto. Varios días más tarde, concretamente el 4 de octubre, se daba un plazo de 10 días a los propietarios afectados para que presentaran alegaciones a dicho proyecto. El 10 de noviembre 9 de los al menos 18 propietarios afectados enviaron un oficio al Ayuntamiento protestando por no haber tenido noticias de la intención de construir un vertedero en terrenos de su propiedad hasta aquel 29 de septiembre, y por considerar reducido el plazo de 10 días que se daba para presentar alegaciones.
El 9 de agosto de 1984 el Gobierno Vasco, a través del Servicio Forestal y de Conservación de la Naturaleza (SEFOCONA) informó desfavorablemente ya que el proyecto atentaba contra "el equilibrio ecológico de la zona”. Sin embargo, un segundo informe de SOFOCONA aprobó el proyecto a pesar de no haber sufrido ningún tipo de modificación respecto del primero. Finalmente, el Departamento de Política Territorial y Transportes del Gobierno Vasco otorgó licencia para la construcción del vertedero el 28 de diciembre, y el 29 de enero de 1986 el Ayuntamiento adjudicó la obra a la empresa Altuna y Uria S.A. tras la oferta presentada por ésta por la cantidad de 122.741.286 pesetas(*).
El 10 de febrero de 1984 se produjo la primera movilización contra el vertedero a través de una marcha ecologista, y a mediados de aquel mismo año se formó la Comisión Contra el Vertedero de Lapatx, compuesta por la asociación Izadi, pescadores de la zona, propietarios afectados, y vecinos del valle del Urola contrarios al proyecto. El 19 de octubre de 1985 se realizó una manifestación en Donostia frente a la Diputación de Gipuzkoa y la Comisaría de Aguas. A finales de ese año, el 19 de diciembre, se produjeron momentos de tensión en el pleno municipal al ser rechazada una moción contra el vertedero presentada por HB, y debido a la presencia de decenas de vecinos. Varios días después, el 31 de diciembre, fue atacado el coche del alcalde José Mari Bastida. El 2 de marzo de 1986 se llevó a cabo una manifestación frente a las obras del vertedero. En ésta, se vivieron momentos de tensión con el contratista José María Uria y dos familiares de éste (un hijo y un sobrino), quien se personó con una escopeta en el lugar de la concentración, alegando posteriormente que contra ellos se lanzaron piedras con la que resultó contusionado su hijo. La manifestación se saldó con el destrozo de 4 máquinas de la empresa adjudicataria, y con al menos 2 detenidos, aunque algunos testigos presenciales apuntaban que podían ser hasta 4 los trasladados al cuartel de la Guardia Civil de Azkoitia. En consecuencia José María Uria solicitó al Ayuntamiento el cobro de los daños causados en la maquinaria, los cuales ascendían a 11.507.478 según la tasación pericial. Este gasto fue asumido por la corporación y posteriormente sufragado por la Diputación.
El 4 de abril de 1986 artificieros de la Guardia Civil desactivaron un paquete cargado con 8 kilos de explosivos (según la documentación emitida por el Gobierno Civil y custodiada en el Archivo Municipal de Azpeitia), y pocos días más tarde, en la jornada del 17, un artefacto hizo explosión en la entrada de las oficinas de la empresa Altuna y Uria, causando daños materiales. Un oficio del gobernador civil de Gipuzkoa (José Julián Elorriaga Goyeneche) fechado el 22 de mayo de 1986, afirmaba que el ataque del día 17 había sido perpetrado por CAA, y asimismo reivindicado en el diario Egin el 21 de abril. Sin embargo, CAA dejó de operar en 1985 y en el diario Egin no fue publicada reivindicación alguna por parte de ningún grupo armado.
Finalmente, el 3 de octubre de 1988 quedó inaugurado el vertedero de Lapatx. Su coste total fue de 147.918.811 pesetas. El 1 de octubre de 2017 se procedió a la colmatación y clausura definitiva del vertedero.