En cuanto a la extorsión económica, el Centro de Ética Aplicada de Deusto lleva varios años investigando su impacto. La socióloga Izaskun Sáez de la Fuente Aldama publicó a comienzos de 2017 un “análisis ético-político” en relación a la extorsión económica por parte de ETA al mundo empresarial.(*) Un trabajo basado en la revisión de fuentes documentales (publicaciones, hemeroteca y documentación custodiada en diversos archivos), pero sobre todo en la realización de 60 entrevistas y 140 cuestionarios. En el apartado introductorio de esta publicación Sáez de la Fuente cita “las más de diez mil personas” que Florencio Domínguez (periodista y director del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo) estima que fueron extorsionadas económicamente entre 1993 y 2010.(*) Este mismo autor, junto a Rogelio Alonso y Marcos GarcíaRey, en la obra Vidas rotas. Hombres, mujeres y niños víctimas de ETA, cifran en 15 las víctimas mortales de ETA (sin distinguir entre sus diferentes facciones e incluso de otras organizaciones armadas como CAA) cuyo “perfil” sería el de persona extorsionada económicamente.
No obstante, al igual que en el caso de la investigación Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto con respecto a las personas amenazadas, la ausencia de datos concretos limitan el alcance de estos trabajos a nivel local. Además de ello, es preciso señalar que el origen de la extorsión económica por parte de ETA se remonta a 1964, cuando entiende que la ayuda económica de los empresarios a la organización debe ser obligatoria y no voluntaria; motivo por el cual se produjo el primer ataque contra un empresario, en concreto contra el vehículo del industrial Ramón de la Sota. Por tanto, los estudios anteriormente citados se ciñen a un marco temporal notablemente reducido con respecto al alcance de esta vulneración.
En este tipo de vulneración se han identificado en Azpeitia siete casos, de los cuales dos fueron contra los empresarios secuestrados en 1983 y 1985, y uno contra Inaxio Uria. Al igual que ocurre con la tipología de amenazas graves mencionadas en el apartado anterior, el número de personas identificadas como víctimas de la extorsión económica es presumiblemente menor al real.
Las gestiones realizadas con personas potencialmente conocedoras de casos de extorsión económica han resultado positivas, si bien, requieren de un espacio de tiempo más prolongado para poder acercarnos al objetivo de identificación y recogida de pruebas.