El 19 de agosto de 1940, tras haber sido puesto en libertad por la Auditoria de Guerra de Bilbao, el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Navarra lo condenó a 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público y al pago de 2.500 ptas. «en concepto de indemnización de perjuicios». Además añadía una tasación en 60.000 ptas. de los bienes del encausado(*).

Para cuando llegaron el hombre yacía muerto; decía que podría tratarse de un médico.
Hicieron carlistas a todos los inquilinos, también a mi padre, porque de no ser así les expulsarían de casa.