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3.3. La represión contra las personas de derechas en Azpeitia

 

      Una de las consecuencias inmediatas al inicio de la guerra fue el hostigamiento que sufrieron las personas de derechas. Hemos de tener en cuenta que Azpeitia era un pueblo de fuerte tradición carlista y que como tal, un número considerable de azpeitiarras estaban ligados a Comunión Tradicionalista. Dicho movimiento, tal y como había pactado con el general Emilio Mola, se unió a los golpistas poniendo a su disposición su brazo armado: los requetés. De hecho, éstos formaron el grueso de las tres brigadas navarras que bajo el mando del militar carlista José Solchaga Zala se dirigieron a la conquista de Gipuzkoa.

      En consecuencia, entre el 18 de julio y el 20 de septiembre de 1936, el hostigamiento hacia las personas de derechas en Azpeitia fue una realidad, ya que se les consideró a muchos de ellos cómplices de los sublevados. Las principales coacciones que sufrieron fueron la imposición de multas, las requisas de bienes mueble y ganado, y el encarcelamiento. La mayor parte de estas acciones las llevaron a cabo miembros del Comité de Defensa del Frente Popular, siendo utilizados dichos actos como agravantes de un supuesto delito de «auxilio de rebelión» contra aquellos que fueron posteriormente juzgados en consejos de guerra franquistas.

      Las sanciones económicas se efectuaron mediante la fórmula de suscripción al Comité, un eufemismo con el que se multó a partidarios de los golpistas. Según la sentencia condenatoria contra el responsable de hacienda de este Comité, José Nazabal, la recaudación total lograda a través de este método ascendió a 75.000 ptas(*). Del mismo modo, las requisas de ganado, artículos alimenticios, prendas domésticas y otros bienes mueble que durante este periodo se realizaron fueron valoradas en 100.000 ptas(*). Una de las requisas más significativas fue la del Círculo Tradicionalista de Azpeitia, de la cual fue testigo la vecina que entonces era encargada de la limpieza del local: Victoria Aizarna Lizaso(*). Además de este decomiso en el núcleo urbano se realizaron requisas en viviendas de personajes destacados como Casto Orbegozo, al que se le incautó «un escritorio con su silla»(*).

Ignacio Velaz Irazu.
(Fundación Popular para los Estudios Vascos).

      En el ámbito rural fueron los caseríos de los barrios de Aratz-Erreka, Urrestilla, y Nuarbe los más afectados, debido al mayor peso del ideario tradicionalista en estas zonas. Uno de los afectados fue Vicente Gurruchaga Unanue, del caserío de Zelaieta de Aratz-Erreka, quién huyó a Beasain con anterioridad a la incautación efectuada en su domicilio(*). De este caserío, al igual que del de Aritzaga y Rekalde fueron confiscados varios terneros. Por su parte, en Nuarbe se llevaron a cabo en un mismo día requisas en diferentes viviendas, incluido el decomiso de varias gallinas en los domicilios del párroco y del exalcalde del barrio(*). Asimismo, se produjeron asaltos en las propiedades de oligarcas de la zona, como la efectuada en la fincas de la marquesa de San Millán(*), del Barón de Sagarre (localizada en Lasao)(*) o en el palacio de Zuazola. En este último, los involucrados «cogieron frutas del jardín»(*). En general las requisas de ganado y ropa eran destinadas a los acuartelados en Loiola, del mismo modo que las incautaciones de aparatos de radio.

Pascasio Carasusan Azagra.
(S.C. Aranzadi / Fondo Roque Astigarraga).

      Con respecto a las detenciones, se calcula que fueron 120 los recluidos por orden del Comité de Defensa, tanto en la cárcel de Azpeitia como en el santuario de Loiola. A excepción de cuatro prisioneros que fueron trasladados a Bilbao y que posteriormente pudieron «regresar todos a la localidad»(*), el resto fueron liberados con anterioridad a la entrada de las tropas sublevadas en Azpeitia(*). Entre los detenidos se encontraban principalmente simpatizantes y militantes carlistas, tales como Ignacio Velaz Irazu o Cruz María Echeverria Taberna. Este último estuvo retenido en la prisión habilitada en el santuario de Loiola por la Comandancia Militar de Azpeitia entre el 13 de agosto y el 19 de septiembre(*). Asimismo, el 30 de julio de 1936, Ignacio Echeverria Altamira y Casto Orbegozo Embil fueron interceptados por miembros del Comité cuando regresaban a Azpeitia tras haber permanecido escondidos en un caserío, imponiéndoseles arresto domiciliario. Casto se fugó el 13 de agosto a territorio controlado por los sublevados, mientras que Ignacio fue posteriormente detenido y trasladado a Loiola(*).

Cirilo Astigarraga Amenabar.
(Fundación Popular para los Estudios Vascos).

      Cabe señalar además el caso de las carlistas pertenecientes a la organización femenina Margaritas: Rosario Echevarria Altamira, Ignacia Bereciartua Azpiazu y Pilar Aguirre Pérez. Las tres estuvieron detenidas entre 3 y 5 días en el mes de agosto, tras lo cual fueron puestas en libertad bajo arresto domiciliario. Posteriormente, en julio de 1937, denunciaron a varias azpeitiarras militantes de Emakume a las que acusaron de haber participado en su detención, colaborar con los milicianos, y proferir «gritos subversivos»(*).

      Pero también hubo detenciones frustradas al conseguir los perseguidos huir a zonas del Goierri controladas por el ejército golpista. Hemos mencionado anteriormente el caso de Casto Orbegozo, a lo que debemos incluir la de otros personajes relevantes de la localidad como eran Galo Barrena o Roque Astigarraga. En el caso del primero, éste se ocultó en el mes de julio en el caserío Zelaieta del que huyó hacía la localidad de Ezkio-Itsaso poco antes de que varios miembros del Comité se personaran en el caserío donde se escondía. Roque Astigarraga, por su parte, permaneció escondido en el caserío Azketa de Errezil hasta su huida a Beasain.

→ Listado V: Algunos azpeitiarras retenidos por el Comité de Defensa del Frente Popular de Azpeitia

      Con todo, uno de los hechos que destacaron varios de los recluidos por el Comité de Defensa en diferentes consejos de guerra en los que actuaron como testigos, fue el buen trato que recibieron por parte de sus captores y guardianes(*). Así lo expuso Ignacio Velaz en el juicio contra Gregorio Cortabarria(*), pero también Juan José «Sarralle» hizo saber posteriormente a su familia la corrección con la que fue tratado durante el tiempo que estuvo preso(*). Este hecho se debió principalmente a las personas a las cuales se les encargó desde el Comité la custodia de los prisioneros: azpeitiarras nacionalistas, fundamentalmente ligados al PNV y a STV, y con estrechos vínculos con algunos de los detenidos y en general con simpatizantes carlistas de la localidad. Uno de ellos fue Santiago Zudupe Echeverria, quien liberó a varios de estos presos del cuartel de Loiola poco antes de la entrada de las tropas sublevadas en Azpeitia. Además, anteriormente había ayudado a Ignacio Pérez Arregui (exdiputado tradicionalista de Gipuzkoa) y a su familia a salir de Donostia y refugiarse en Azpeitia ante el peligro de ser detenidos por elementos izquierdistas de la capital guipuzcoana(*).

Sant¡ago Zudupe Echeverría.
(Foto obtenida de EGAÑA, I.: 1936, Guerra Civil en Euskal Herria).

      Este último episodio mencionado nos conduce a otro de los hechos destacables en Azpeitia durante este período: la protección que esta localidad dio a muchas personas favorables a los sublevados. Efectivamente, Azpeitia fue refugio de personajes como Ignacio Pérez o Julián Lojendio(*), e incluso de José Arteche al escapar de Donostia, localidad en la que residía en 1936. También se cobijó en Azpeitia el armador de barcos donostiarra Pio Salaverria Elicegui, precisamente en el domicilio de uno de los miembros del Comité de Defensa, Pedro Arrue Larrañaga. En la casa del miembro del Gipuzkoako Buru Batzar, el azpeitiarra residente en Donostia Andrés Bereciartua, «estuvieron acogidos, para mayor seguridad, hasta doce personas, entre las cuales recuerdo a dos hijos del duque de Miranda»(*).

      En definitiva, en cuanto a la indulgencia que para con los partidarios de los golpistas hubo en Azpeitia, resulta imprescindible destacar que en esta localidad no hubo heridos ni víctimas mortales causadas por la acción del Comité de Defensa de Azpeitia ni por ningún otro organismo local en favor de la República entre el 18 de julio y el 20 de septiembre de 1936.

      En este sentido, tal y como se recoge en la declaración del Guardia Civil Francisco Barahona Hernández en calidad de testigo en la causa abierta contra Avelino Moral Requeta, «al principio del Movimiento se hizo una especie de pacto entre elementos de derecha e izquierda para evitar derramamiento de sangre y represalias, tanto si ganaban unos como otros, lo que no pasó de ser un síntoma por verse malogrado por la llegada de elementos forasteros»(*). A este respecto existen varias declaraciones, si bien hemos querido reseñar la realizada por el que fuera comandante de la Guardia Civil en el puesto de Azpeitia al iniciarse la sublevación militar, y posteriormente herido en el frente de guerra donde actuó junto a los golpistas. No obstante, en el relato de Francisco Barahona existe una imprecisión, puesto que el acuerdo referido no fracasó, ya que, tal y como hemos señalado anteriormente, no hubo en el periodo de tiempo citado ningún elemento de derechas que fuera gravemente herido o asesinado en Azpeitia. En palabras del juzgado militar n° 4 de Donostia en la causa contra José Nazabal, «en Azpeitia no hubo que lamentar asesinatos ni actos destacados de barbarie»(*).

Jose Joaquin Aztiria-Zabala Anchieta.
(revista Uztarria).

      En consecuencia, lo señalado por Francisco Barahona podría referirse al fallecimiento el 20 de septiembre de 1936 del joven de 11 años José Sarasua Uranga «Kukubiltxo», abatido probablemente por equivocación por un requeté a la entrada en Azpeitia cuando se encontraba jugando con un amigo. O quizás, el declarante aludía al fusilamiento de seis requetés en Iraeta (en el término municipal de Zestoa) por miembros de la CNT el mismo día 20, los cuales permanecieron hasta aquella jornada encarcelados en Azkoitia por haber tomado parte en la sublevación del cuartel de la Guardia Civil de dicha localidad.

      No obstante, sí que hubo al menos tres personas naturales de Azpeitia fusiladas por los partidarios de la República, pero fuera de este municipio. Uno de ellos fue José Joaquín Aztiria-Zabala Anchieta, carlista vecino de Deba, localidad de la que fue alcalde. Tras su detención fue trasladado a la prisión de Los Ángeles Custodios de Bilbao, donde fue fusilado el 5 de noviembre de 1936(*). Asimismo, fueron asesinadas las religiosas Felicitas Cendoya en Madrid y Concepción Odriozola en Valencia(*).