3. Del inicio de la Guerra Civil a la caída de Azpeitia
Entre los días 17 y 18 de julio de 1936 dio comienzo una sublevación militar de parte del ejército español contra la Segunda República. Un frustrado golpe de Estado orquestado por oficiales monárquicos y reaccionarios, el cual desencadenó el conflicto armado conocido como la Guerra Civil española (1936-1939). El mismo día 17, bajo el titular «Mañana hará buen tiempo», el Diario Vasco ejerció de cadena de transmisión entre los golpistas guipuzcoanos(*), si bien, al igual que en la mayor parte del Estado, la conspiración fracasó. Comenzaba así un período bélico de fatales consecuencias para la sociedad vasca, y por ende, para los azpeitiarras.
(Foto cedida por la familia).
El 20 de julio de 1936, dada la gravedad de la situación, el ayuntamiento de Azpeitia convocó un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día relativo al golpe de Estado. En éste, se acordó lo siguiente:
«...en vista de la lucha que se ha iniciado en España, este ayuntamiento se declara leal al Gobierno que legalmente ha venido rigiendo y rige, prestando la ayuda material y moral que requieren las circunstancias presentes»(*).
Posteriormente, el jueves 23, se celebró otra sesión extraordinaria en la que el concejal Antonio Olaizola hizo saber que había remitido un telegrama al gobernador civil en nombre de la corporación municipal, adhiriéndose al gobierno republicano y «condenando el movimiento sedicioso». Tanto la declaración institucional del día 20 como la del 23, serían a partir de 1937 utilizadas en contra de aquellos concejales azpeitiarras que fueron juzgados en consejos de guerra franquistas. Sin embargo, la convocatoria del día 23 tuvo como objeto principal la dimisión presentada por el alcalde jeltzale José Antonio Oyarzabal, aludiendo motivos de salud, por lo que fue sustituido por el primer teniente-alcalde de la localidad, Ciriaco Aguirre. Desde entonces, fue Ciriaco el máximo representante del ayuntamiento, y por tanto, el encargado de gestionar un municipio configurado como uno de los núcleos claves de la resistencia antifascista, pero en el que también podría presuponerse que un número considerable de sus conciudadanos simpatizaba con los golpistas, debido a la fuerte implantación del ideario carlista en la localidad.
No obstante, aunque el ayuntamiento y su máximo representante siguieron ejerciendo labores de gobierno hasta al menos el 7 de septiembre de 1936, tras el inicio de la guerra se formó de manera inmediata el Comité de Defensa del Frente Popular, organismo que restaba capacidad decisoria en asuntos trascendentales para la localidad en tiempos de guerra a los representantes municipales. Una de las claves de este organismo fue la integración de los elementos de izquierdas del municipio, los cuales carecían de representación en el ayuntamiento. Como en la mayor parte de los municipios en los que se formaron estos comités, el de Azpeitia fue el encargado de detener y sancionar a personas de derechas, así como el responsable del reclutamiento de milicianos voluntarios y el abastecimiento de material de guerra. De hecho, sus primeras actuaciones fueron la requisa efectuada en el cuartel de la Guardia Civil y la adquisición de armas provenientes de Eibar el 19 de julio, antes incluso de que la corporación municipal reaccionara ante la afrenta golpista(*). Otra labor importante del Comité fue la de coordinar los servicios de guardia armada que realizaron sus voluntarios, tanto en empresas como en carreteras de acceso a la localidad.
→ Listado I: Miembros del Comité de Defensa del Frente Popular de Azpeitia
(Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos, 1975).
En cualquier caso, existió cierta coordinación entre los diferentes ámbitos de poder local al menos hasta comienzos del mes de agosto. El 25 de julio la corporación municipal, una vez leído el escrito conjunto que presentaron el Comité del Frente Popular, STV y PNV, acordó «recabar de los patronos de la localidad la entrega de los salarios de seis días a sus obreros». Ante la problemática que esta decisión pudiera generar, el ayuntamiento se comprometía a que las cantidades adelantadas fueran posteriormente retribuidas de la mejor forma acordada entre patronos, obreros, y ayuntamiento, y a hacerse cargo de los pagos que no pudieran ser asumidos por los patronos. Al constituirse la institución local como fiador de los empresarios, hubo que tomarse un segundo acuerdo en el que se autorizaba al alcalde a «abrir en uno o varios bancos de la localidad una cuenta de hasta 50.000 ptas.»; o lo que es lo mismo, a solicitar un préstamo para afrontar estos gastos. Posteriormente, los días 3 y 7 de agosto, el ayuntamiento acordó solicitar de nuevo a los patronos un adelanto salarial, en ambas ocasiones limitado a cinco días de trabajo(*).
Pocas jornadas más tarde, el día 29, las mismas organizaciones que presentaron el escrito del día 25, volvieron a dirigirse al ayuntamiento solicitando que a los obreros parados que colaborasen con alguna de las tres organizaciones recibieran una ayuda económica: «dos pesetas por individuo soltero parado y de tres pesetas a los casados». La corporación municipal acordó aceptar dicha propuesta, si bien, limitando la concesión de esta ayuda a una semana(*).
En este sentido, cabe señalar cómo varios de los voluntarios del Comité, sobre todo personas que se limitaron a realizar servicios de guardia armada, cuando posteriormente fueron capturadas y juzgadas por tribunales franquistas, ante la acusación de haber colaborado voluntariamente con el Frente Popular, alegaron en su defensa que lo hicieron para ganar un jornal con el que mantener a su familia. Este fue el caso, por ejemplo, de José María Aguirre Arregui(*).
Pero no sólo los voluntarios del Comité prestaron servicios de guardia, sino que también se sumaron a esta labor los miembros de la corporación municipal tras el acuerdo del 3 de agosto. Efectivamente, en el pleno celebrado aquel día se acordó por unanimidad que los concejales hicieran guardia en el ayuntamiento desde las diez de la noche hasta las seis de la mañana, un concejal por noche.
A pesar de que todas estas decisiones estaban encaminadas a dar respuesta a la complicada situación que se vivía y eran tomadas tanto por iniciativa propia de la corporación municipal como a instancias de los representantes del Comité y otras organizaciones, la situación cambió radicalmente a partir del 4 de agosto. Y es que la constitución de las Milicias Vascas y la Comandancia Militar de Azpeitia trasladó en centro de decisiones al Cuartel General de Loiola, limitando progresivamente las competencias de los organismos locales. Por ello, entre el 7 de agosto y el 20 de septiembre tan sólo se realizaron cuatro sesiones plenarias, siendo dos los temas fundamentales a los que intentaron dar solución: la dificultad de abastecimiento de productos de primera necesidad y la problemática que generaba en Azpeitia la concentración de milicianos provenientes de diferentes territorios.
De hecho, para tratar estas cuestiones y solicitar su colaboración, Ciriaco Aguirre convocó a los representantes municipales de toda la comarca del Urola el 12 de agosto. En concreto, el alcalde de Azpeitia expuso que más que el sufragar los gastos de sostenimiento de las milicias en proporción a la población de cada municipio (algo que ya había sido acordado anteriormente), lo que urgía en aquel momento era la ayuda en especie. Por ese motivo, se decidió que dicha ayuda «se haga en la forma más equitativa, aportando cada ayuntamiento un ternero en la forma que determina la Junta Municipal de Abastos». Varios días más tarde, concretamente el 19 de agosto, la corporación municipal de Azpeitia acordó que tanto los concejales como los alcaldes de barrio difundieran un bando relativo a la «regulación de la producción y consumo de harinas» y avisaran en sus respectivos barrios a todos los caseros de la obligación de presentarse en el ayuntamiento para declarar las existencias de trigo que poseían y la cantidad correspondiente que necesitarían mantener en su poder para la nueva siembra(*).
