4.4. La cárcel de Azpeitia durante el primer franquismo
«Los ojos de estos presos brillan con un fulgor entre asustado y conmovido; sus pálidos rostros, sus cráneos a flor de piel revelan el encierro prolongado. Es gente de Castilla la Vieja, y también de Extremadura, presos desde el comienzo de la Guerra Civil que, desde hace mucho tiempo, abarrotan la cárcel»(*).
Desde el inicio de la Guerra Civil y hasta la caída de Azpeitia en manos del ejército sublevado, la cárcel de Azpeitia acogió, junto a los sótanos del santuario de Loiola, a personas de derechas detenidas por orden del Comité de Defensa del Frente Popular de la localidad. Sin embargo, a partir del 20 de septiembre de 1936 las dependencias de esta prisión pasaron a estar ocupadas por personas que se habían opuesto a los golpistas.
Durante los meses posteriores a la formación de la Junta de Guerra Carlista y la Comandancia Militar de Azpeitia fueron decenas los azpeitiarras y guipuzcoanos de municipios adyacentes los que ingresaron en esta penitenciaría, incluyendo a varios sacerdotes como Iñaki Azpiazu o José Antonio Lasquibar(*). Al parecer, según recoge Mikel Aizpuru en su obra El otoño de 1936 en Guipúzcoa. Los fusilamientos de Hernani, a finales del mes de septiembre se encontraban encarcelados en la prisión de Azpeitia 62 personas. En el mejor de los casos, el encarcelamiento de estos presos se reducía a un periodo corto de tiempo que finalizaba una vez era abonada la sanción impuesta por la Comandancia Militar. En el peor de los supuestos, serían sacados de los calabozos para ser fusilados.
(S.C Aranzadi / Fondo Imanol Elias).
Para otros azpeitiarras, los que eran detenidos por orden del gobernador civil de Gipuzkoa, la prisión de Azpeitia suponía una reclusión temporal a la espera de ser trasladados a la prisión de Ondarreta en Donostia, donde serían juzgados en consejo de guerra. Esta dinámica se acrecentó a medida que regresaban a Azpeitia aquellos vecinos que no habían tenido ningún tipo de actuación significativa en la guerra y que simplemente habían huido de la localidad, creyendo que a su vuelta no serían represaliados por las nuevas autoridades. Sin embargo, serían varios los que nada más llegar fueron denunciados por algún vecino y encarcelados. Este fue el caso de las hermanas María y Maximina Arrieta Zubimendi, denunciadas por las miembros de la organización femenina Margaritas, Rosario Echeverria Altamira, Ignacia Bereciartua Azpiazu y Pilar Aguirre Pérez.
Por su parte, en 1939, finalizada la guerra, los que regresaban y eran inmediatamente detenidos fueron excombatientes o personas que habían tenido algún papel destacado durante la «dominación roja», los cuales no habían sido capturados por el ejército franquista, o bien habían quedado en libertad tras haber permanecido recluidos durante algún tiempo. En este caso, aparte de denuncias de particulares, eran sobre todo las pesquisas de Falange y otros poderes locales los que iniciaban el proceso de detención con el objetivo de aclarar «la actuación de dicho sujeto en relación con el glorioso movimiento nacional»(*). Esto fue lo que les ocurrió a personas como Esteban Barredo, José Campos, Antonio Juaristi o Daniel Odriozola, todos ellos trasladados posteriormente a la prisión de Ondarreta antes de quedar bajo la jurisdicción de un juez militar. Otro ejemplo sería el de los cinco azpeitiarras acusados de deserción y que posteriormente serían absueltos: Lucas Orbegozo Orbegozo, Ignacio Zubimendi Olaizola, Tomás Odriozola Echeverria, y los hermanos Ignacio y José Ramón Odriozola Alberdi.
(Archivo Histórico Provincial de Gipuzkoa 3594/059).
En cualquier caso, lo destacable es que para azpeitiarras y presos vascos de otras localidades la prisión de Azpeitia no fue un lugar de destino tras ser condenados, sino una penitenciaria de reclusión temporal previo a ser enjuiciados por tribunales militares franquistas. En cambio, fueron decenas los presos republicanos españoles que tuvieron como destino la cárcel de Azpeitia una vez condenados en sus provincias de origen, al igual que muchos penados vascos eran trasladados a Andalucía o Extremadura. De este modo, se materializó la política de dispersión que el régimen franquista había diseñado, con el único propósito de agravar la condena de los represaliados.
(AUA).
La mayor parte de los presos republicanos españoles encarcelados en Azpeitia procedían de la provincia de Jaén (28 de los 41 presos documentados), y habían sido condenados por un delito de «auxilio a la rebelión» en consejo de guerra(*). Según el testimonio de José de Arteche, estos presos eran sacados de la cárcel y obligados a realizar trabajos forzosos en diversos puntos del municipio, entre otros, a limpiar las calles de nieve.
«Los vecinos, sin decir palabra, colocaban en los quicios de las puertas vasos con sidra, vino o leche, dinero, monedas de papel de cinco pesetas sujetas con piedras. Los prisioneros, acercándose silenciosamente, apuraban con ansia los vasos, recogían el dinero o los trozos de pan...».(*)
(Archivo Histórico Provincial de Gipuzkoa 3579/099).
La consecuencia más traumática de todo ello fue que, además de la defunción de Francisca Gálvez Vázquez en la prisión de mujeres, al menos cuatro de estos presos fallecieron en la cárcel de Azpeitia entre 1939 y 1941: Juan Morales Artilles, Juan Casado Lorite, Francisco Delfa Hernández y Luis Palomino Gutiérrez. Todos ellos fueron enterrados en el cementerio de Azpeitia. Por su parte, Manuel Martín Martínez fue trasladado en julio de 1941 desde la prisión de Azpeitia al Hospital Civil de San Antonio Abad (Hospital de Manteo) de Donostia, donde fallecería el 14 de febrero de 1942 debido a una tuberculosis pulmonar(*).
→ Listado X: Prisioneros republicanos españoles encarcelados en la prisión de Azpeitia
