«Poco avanzaría la humanidad y menos ganaría la moral, si por un mal entendido respecto de los verdugos se dejara ahogar bajo el silencio el justo clamor de las víctimas»(*).
La entrada de las tropas sublevadas en Azpeitia el 20 de septiembre de 1936 tuvo como primera consecuencia la constitución inmediata de una Junta de Guerra Carlista local, compuesta por Roque Astigarraga Echaniz y los hermanos Casto y Julián Orbegozo Embil. Al mismo tiempo, se organizó la Comandancia Militar de Azpeitia presidida hasta comienzos de 1937 por el militar del tercio de Lácar Emilio Gómez del Villar, y posteriormente por el comandante navarro José Solchaga Zala(*). Estos dos órganos, fueron los encargados de perseguir, encarcelar, y sancionar económicamente a todos aquellos azpeitiarras que supuestamente eran contrarios a los golpistas (o simplemente «a familiares de»), en una localidad de la que habían huido centenares de vecinos. En concreto, la Junta de Guerra elaboraba los listados de personas que debían ser represaliadas y «el tío cojones» (así debió llamarse en Azpeitia al comandante militar por lo mucho que repetía aquella palabra)(*) imponía las sanciones, detenciones, e incluso destierros de familias, que posteriormente ejecutaba la Junta de Guerra y la Guardia Civil(*).
El 30 de septiembre se formalizó una corporación municipal provisional nombrándose alcalde a Cruz María Echeverria Taberna, y concejales a los azpeitiarras Galo Barrena, Roque Astigarraga, Casto Orbegozo y Toribio Azcue. La primera decisión que tomaron en aquella misma sesión del día 30 fue la de unirse al órgano supremo de los sublevados, la Junta de Defensa Nacional, y «protestar con la mayor energía posible de los acuerdos adoptados por el ayuntamiento anterior de adhesión al gobierno y al Frente Popular». Seguidamente, entre otras cuestiones de menor calado, se denunció los préstamos comprometidos por sus antecesores con varias entidades bancarias para hacer frente al paro obrero y para adelantar jornales a aquellos que colaboraban con el Comité del Frente Popular de Azpeitia. Asimismo, se decidió cerrar las nuevas escuelas de Oinatz y Elosiaga, a la que se sumó el 26 de octubre la de Odria, mientras que paradójicamente se acordaba arreglar los urinarios de la escuela de la Asociación de Padres de Familia(*).
Ya en el mes de octubre, concretamente el día 14, la Junta de Guerra Carlista de Gipuzkoa constituyó el primer ayuntamiento permanente del periodo dictatorial, formado en su totalidad por personas ligadas al tradicionalismo.
A petición de Cruz María Echeverria, una de las primeras decisiones de esta nueva corporación municipal fue la de cambiar el nombre de la plaza Mayor de la República por el de plaza Mayor de Navarra. A partir de entonces el renombramiento de calles fue constante, sobre todo en favor de divinidades o santos católicos, tales como llamar plaza de Nuestra Señora de Olatz a la plazuela de Bustinzuri; pero también se ensalzó de esta forma a personajes que habían colaborado económicamente con los sublevados como el músico y escritor azpeitiarra Felix Ortiz San Pelayo.
Alcalde: Roque Astigarraga Echaniz
Primer teniente-alcalde: Cruz María Echeverria Taberna
Segundo teniente-alcalde: Galo Barrena Larrar
Tercer teniente-alcalde: Toribio Azcue Echezarreta
Sindico 1°: Casto Orbegozo Embil
Concejales: Prudencio Olaizola Aranguren
Antonio Aranguren Aranguren
Andrés Lasa Esnaola
Juan José Eguiguren Aranguren
Ignacio Orbegozo Juaristi
José Aizpuru Goenaga
Juan Azpeitia Zubimendi
Ignacio Egaña Otaegui
En todo caso, fue la grave situación económica el mayor problema que tuvieron que afrontar los representantes municipales de Azpeitia. Tal y como se recoge en actas, la corporación municipal reconocía en mayo de 1938 que hasta el inicio de la Guerra Civil el ayuntamiento había tenido siempre superávit y que según la liquidación de gastos e ingresos correspondientes al presupuesto de 1937, se arrojaba en aquel momento un déficit de más de 49 mil pesetas. Esta problemática hizo que ya en julio de 1937, y a propuesta del alcalde, se suprimieran todas las fiestas profanas que solían celebrarse el día de San Ignacio, si bien, se acordó al mismo tiempo «celebrar con toda pompa y esplendor» la fiesta religiosa con motivo de la vuelta de los jesuitas. Y es que a pesar de la situación, desde la formación de la primera corporación franquista, ésta no había dejado de financiar a los golpistas en su «cruzada», subvencionando el equipamiento de los 150 marines del barco Baleares o aportando 1000 ptas. para el nuevo acorazado España, cantidad esta última que era equivalente al total de los ingresos del ayuntamiento en el mes mayo de 1937 en concepto de licencia de puestos públicos, o a las ganancias totales obtenidas del matadero municipal en ese mismo mes(*).
A finales de 1938 parecer ser que la coyuntura económica no había mejorado, puesto que en el pleno del 28 de diciembre el ayuntamiento acordó comunicar a correos que no podía hacerse cargo del gasto en esta partida a partir de 1939. Sin embargo, un mes más tarde se aprobaba el aumento de sueldo de los funcionarios municipales, a excepción de los serenos, «teniendo en cuenta la considerable disminución del servicio». Este descenso de la carga laboral de los serenos no resultaba nada sorprendente, si atendemos a la aplicación de una normativa restrictiva propia de un régimen dictatorial, tal y como se dio entonces, tanto en lo referido a las libertades individuales como en las colectivas y laborales. Además de ello, ha de tenerse en cuenta la coerción social que suponía la presencia de la Comandancia Militar dirigida por el comandante Solchaga y, en líneas generales, la militarización que sufrió Azpeitia sobre todo durante el año 1937, al establecerse en este municipio una de las brigadas de reserva del ejército sublevado compuesta por cientos de combatientes(*).
Otra de las cuestiones más significativas en tiempos de esta primera corporación municipal dirigida por Roque Astigarraga fue la persecución del euskera, a pesar de que era la lengua materna e incluso única de la gran mayoría de la población azpeitiarra. Al parecer, las misas tan sólo se realizaban en lengua castellana a excepción de las practicadas en Loiola, donde «el párroco, después de un sermón predicado en castellano, hizo la petición del dinero del culto y clero en vascuence»(*). Asimismo, el propio alcalde se ofreció al gobernador civil (José Luis Arellano Igea) en diciembre de 1936 para modificar los nombres euskéricos a «lengua nacional» a los niños registrados en Azpeitia, mucho antes de que se emitiera la Orden ministerial de agosto de 1938 en la que «se consideran nulas las inscripciones practicadas en idioma o dialecto distinto del idioma oficial castellano»(*). De hecho, poco después del ofrecimiento del alcalde, el 11 de enero de 1937, el gobernador civil se dirigió al ayuntamiento para indicarles que debían abstenerse de llevar a cabo cualquier iniciativa al respecto hasta la aprobación de una normativa de carácter general(*).
Ya en septiembre de 1939, el gobernador civil de Gipuzkoa (Francisco Rivas) nombró una nueva comisión gestora municipal presidida por Ignacio Egaña Otegui, un tradicionalista que hasta entonces había sido concejal y que ocupó el cargo hasta que en septiembre de 1941 fue destituido por el gobernador (entre 1945 y 1952 volvería a ser alcalde). Esta corporación constituida en 1939 estaba compuesta en su mayoría por tradicionalistas y antiguos combatientes requetés, si bien, incorporaba por primera vez a miembros de la Falange tales como José Viquendi Zabaleta, Nicolás Ucin Segurola, y Andrés Lapazaran Arguindegui. Durante el mandato de esta gestora se produjo el que podríamos considerar el primer acto subversivo o de resistencia contra los golpistas en Azpeitia, al ser atacado el concejal y alcalde de barrio José Aizpuru Goenaga «por parte de unos exaltados contrarios al Movimiento»(*). El hecho en sí, debido a la ausencia de información a este respecto en las fuentes, parece ser que no tuvo mayor trascendencia.
El 10 de noviembre de 1941, el gobernador civil de Gipuzkoa (Fermín Sanz Orrio) volvió a modificar la composición de la corporación local, aupando a la alcaldía al veterano en la política municipal José Alzuru Sampedro. En esta ocasión se eliminó el cargó de tercer teniente alcalde y dos puestos de concejales, por lo que el número de representantes municipales se redujo a diez.
Alcalde: Ignacio Egaña Otegui
Primer teniente-alcalde: Urbano Azcue Echezarreta
Segundo teniente-alcalde: Manuel Mozo Juaristi
Tercer teniente-alcalde: Juan José Iriarte Odriozola «Saralle»
Concejales: José Viquendi Zabaleta
Nicolás Ucin Segurola
José Aizpuru Goenaga
Ignacio Martinez Olaechea
Bonifacio Azcune Aranguren
Ceferino Garmendia Lasa
Marcelino Aguirrezabalaga Amenabar
Valentín Larrañaga Arrizabalaga
Andrés Lapazaran Arguindegui
Alcalde: José Alzuru Sampedro
Primer teniente-alcalde: Toribio Azcue Echerzarreta
Segundo teniente-alcalde: Manuel Mozo Juaristi
Concejales: Nicolás Ucin Segurola
Miguel Arteche Unanue
José Azpiazu Zubizarreta
Dionisio Alcorta Echeverria
Nicolás Arzuaga Arzallus
Nicolás Zubeldia Larrañaga
Joaquín Altuna Larrañaga
En cualquier caso, si algo distinguió a las diferentes corporaciones municipales que gobernaron Azpeitia desde septiembre de 1936 y hasta 1945 fue la cantidad de recursos destinados a la legitimación del régimen franquista. La primera gran decisión en este sentido fue la celebración con toda magnificencia del primer aniversario de la entrada de las tropas sublevadas en Azpeitia, un acto que a partir de entonces se celebró anualmente. En el primero de ellos de 1937, aparte de los oficios religiosos, se realizaron desfiles de las diferentes secciones de requetés, incluso se trasladaron ese día a Azpeitia para participar en aquella comitiva a combatientes del tercio de San Ignacio venidos directamente del frente de guerra. Posteriormente, se descubrió la placa que daba el nombre de Plaza Mayor de Navarra a la plaza principal de la localidad, y el alcalde Roque Astigarraga pronunciaba el siguiente discurso:
«Al cumplirse hoy el primer aniversario de la liberación de esta villa de Azpeitia del asedio rojo-separatista, y ostentando su representación, me complazco en patentizar y demostrar con la solemnidad debida la gratitud y adhesión de este pueblo al glorioso abnegado y salvador Ejército Español y a las heroicas Milicias Voluntarias, que bajo las órdenes y directriz del Generalísimo, y con disciplina, arrojo y entusiasmo envidiables, arrebataron a la misma de las ganas rojo-separatistas, que como valiosa presa la tenían sometida a su yugo, y en la que para mayor escarnio escogieron uno de sus lugares más sagrados e históricos para establecer su cuartel general (...) Al conmemorar hoy tan fausto acontecimiento, queremos rendir el merecido homenaje de adhesión a la gesta gloriosa del Ejército Español y a su Caudillo Generalísimo Franco, y de un modo especial a la leal, inmortal y españolísima Navarra (...) ¡Heroicos requetés del Tercio de Lácar que fuisteis los primeros que pisasteis esta villa! ¡Para vosotros nuestra eterna gratitud».(*)
Además de ello, tanto en 1937 como en años sucesivos, se realizaron varias invitaciones del ayuntamiento de Azpeitia al dictador Francisco Franco para que visitara la localidad y el santuario de Loiola, petición que no fue atendida hasta el 14 de octubre de 1939, y que la recién constituida corporación municipal presidida por Ignacio Egaña aprovechó para celebrar solemnemente(*).
Pero sin lugar a dudas, las mayores muestras de exaltación del régimen fueron los proyectos de construcción de un monumento en la plaza Pérez Arregui en honor a los combatientes franquistas de Azpeitia fallecidos en combate y un mausoleo en el cementerio de la localidad. La primera mención al respecto data del 5 de abril de 1937, fecha en la cual el concejal Prudencio Olaizola cedió un terreno del panteón familiar para la construcción del mencionado mausoleo. Casi un año más tarde, el 14 de febrero de 1938, el ayuntamiento aprobó definitivamente por unanimidad la construcción tanto del mausoleo como del monumento, encargando la ejecución de ambos proyectos al arquitecto y antiguo combatiente del tercio de San Ignacio Juan José Olazabal; si bien, seria finalmente Marcelo Guibert el responsable de las obras(*).
Ya en 1939, concretamente el 14 de junio, se acordó dar apertura a una «suscripción popular» para recaudar dinero con el que sufragar los proyectos, y formar una comisión que gestionara el asunto. De esta primera comisión, que posteriormente fue modificada en varias ocasiones, formaron parte miembros de la corporación municipal, el párroco Casiano Garayalde, en representación del tercio de San Ignacio Manuel Mozo y Justo Martínez, de los soldados José María Garmendia, de los industriales Dámaso Azcue y Ladislao Segurola, y de los comerciantes Vicente Guibert. Finalmente, el monumento fue inaugurado en agosto de 1941, mientras que el mausoleo fue terminado en abril de 1946, con un coste total de 8.573,05 ptas(*).
En definitiva, mientras que institucionalmente se llevaban a cabo estos actos de exaltación del ejército sublevado y la implantación de una dictadura de corte fascista, mientras se reconocía y ensalzaba año tras año, social y económicamente, a los «caídos por Dios y por España», cientos de azpeitiarras eran víctimas de la represión y el olvido.