4.1. Depuración de empleados públicos
El 13 de septiembre de 1936, la Junta de Defensa Nacional emitió el Decreto 108/36 en el que declaraba fuera de la ley a todos los partidos y agrupaciones políticas que hubieran colaborado o formado parte del Frente Popular, así como a todas aquellas organizaciones que se hubieran opuesto a los golpistas. En este mismo decreto, en su artículo tercero, se decía que los funcionarios podrían ser corregidos, apartados y destituidos de los cargos que desempeñaban «cuando aconsejen tales medidas sus actuaciones antipatrióticas o contrarias al movimiento nacional». Posteriormente, el 3 de diciembre de 1936, la Junta Técnica del Estado emitió otro decreto en el que se fijaba que «todos los funcionarios que se hubiesen asentado de su residencia oficial de la zona liberada a partir del 18 de julio próximo pasado, sin licencia, autorización o comisión concedida por autoridad competente, o no se presentaran en el plazo debido al extinguirse aquellas, serán declarados cesantes sin formación de expediente»(*).
Al amparo de estas disposiciones normativas, y siguiendo las directrices del gobernador civil de Gipuzkoa, la depuración de empleados públicos fue una de las principales labores represivas que llevó a cabo el primer ayuntamiento franquista de Azpeitia a partir de su nombramiento el 14 de octubre de 1936. El 2 de noviembre de ese mismo año, se convocó una sesión extraordinaria en la que la Comisión de Gobernación, formada por Galo Barrena, Prudencio Olaizola y Antonio Aranguren, dio a conocer el informe en el que habían catalogado a los diferentes trabajadores municipales en cuatro apartados: 1) Empleados municipales readmitidos; 2) Empleados destituidos; 3) Empleados que habían sido objeto de investigación por parte de la Comisión; 4) Empleados sobre los que la Comisión no podía emitir un dictamen por hallarse detenidos(*).
(Foto cedida por Kontxi Azpiazu Gomez).
RELACIÓN DE EMPLEADOS DESTITUIDOS
POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL(*)
EMPLEADOS DESTITUIDOS POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN (APARTADO 2)
Arregui Ventura, Gaudencio —Veterinario municipal—
Bereciartua, Juan —Músico—
Campos Eceiza, Juan —Barrendero 1°—
Epelde, Antonio —Músico—
Fernández, Desiderio —Músico—
Garmendia, Victoriano —Músico—
Gurruchaga, Alejandro —Músico—
EMPLEADOS DESTITUIDOS A PROPUESTA DE LA COMISIÓN Y TRAS VOTACIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL (APARTADO 3)
Aizpuru, Ignacio —Mecánico bombero—
Aizpuru, Presentación —Auxiliar de la maestra de escuela de párvulos—
Alberdi, Antonia —Maestra de la escuela del barrio de Odria—
Aranguren Olazabal, Jesusa —Maestra de la escuela de Olatz (escuela privada)—
Aranguren, José —Barrendero 2°—
Beobide Iturralde, Jesús —Bombero—
Echeverria, Ángel —Barrendero de Urrestilla—
Eizmendi, Josefa Ignacia —Maestra de la escuela de Loiola—
Fernández Eleizgaray, Ignacio —Tesorero municipal—
Gurruchaga, José —Músico (suspendido de empleo y sueldo un mes)—
Gorostegui, Ramón —Bombero—
Iriarte, José Luis —Sereno—
Iturralde, Zacarias —Bombero—
Lizaso, Basilio —Músico—
Lizaso, Juan José —Músico—
Sarasua Iturralde, José María —Vigilante 1°—
Zubillaga, Félix —Vigilante 2°—
RELACIÓN DE AZPEITIARRAS DEPURADOS A PARTIR DEL DECRETO DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 1936 Y POR ORDEN DEL GOBERNADOR CIVIL DE GIPUZKOA(*)
Amuchastegui Muguerza, José —Miquelete—
Aramburuzabal Urrutia, Víctor —Miquelete—
Aranguren Aguirre, Manuela —Telégrafos (4 meses)—
Ayerbe Elorza, María Carmen —Maestra—
Baltasar Martiarena, Francisco —Profesor de la escuela de Nuarbe—
Barber, Felisa —Maestra de la escuela de Olatz—
Esnoz Aguirrezabal, Lucia —Maestra—
Fernández Ascorza, Victoriano —Maestro—
Gómez, Timoteo —Maestro de la escuela nacional de niños—
Martín Arenas, Cipriano —Maestro de la escuela de Urrestilla—
Sobrino Doctor, Ramona —Maestra de la escuela nacional de niñas—
Urresiti Iriondo, Maria —Maestra—
(Kutxateka).
Poco después, en virtud del decreto n° 66 del 8 de noviembre de la Junta de Defensa Nacional, el gobernador civil de Gipuzkoa procedería a la depuración de maestros de enseñanza primaria. Por tanto, además de las tres profesoras destituidas el 2 de noviembre, fueron depurados aquellos maestros que habían huido de Azpeitia con anterioridad a la entrada de los golpistas. Ya en 1939, concretamente el 10 de febrero, se publicó la Ley de Depuración de Empleados Públicos(*), la cual, en el caso de azpeitiarras afectados, tan solo vino a corroborar varias de las destituciones ya ejecutadas con anterioridad.
A consecuencia de estas decisiones, el 25 de noviembre de 1936 la corporación municipal dio lectura al escrito de los empleados del ayuntamiento destituidos José María Sarasua, José Aranguren, Félix Zubillaga, y José Luis Iriarte, en el que solicitaban la revocación en sus cargos. En respuesta, el pleno desestimó la petición y acordó informar a los solicitantes de que era al gobernador civil a quien deberían dirigirse, puesto que las destituciones obedecían a instrucciones dictadas por aquel. Posteriormente, el concejal Cruz María Echeverria Taberna procedió durante los meses siguientes a examinar los expedientes de expulsión. En el pleno del 29 de marzo de 1937 expuso al resto de compañeros sus conclusiones, en las que proponía revocar las destituciones por una sanción económica correspondiente a la «suspensión de sueldo por un período que se considere lo más prudencial» a los empleados Félix Zubillaga, Presentación Aizpuru y Josefa Ignacia Eizmendi. En su argumentación, Cruz María explicaba que, a su entender, «el sólo hecho de emitir su sufragio en favor de la candidatura contraria a las derechas, sin que se hayan observado en ellos con anterioridad al movimiento ni después del mismo otras actividades» no podía constituir suficiente motivo para la destitución. Sin embargo, el resto de la corporación avaló las manifestaciones de Ignacio Orbegozo en las que señalaba que no era de recibo derogar el acuerdo del 2 de noviembre del año anterior, y que sólo cabía la confirmación de dichas destituciones(*).
No obstante, la lucha de los empleados municipales destituidos por recuperar su puesto de trabajo no finalizó en marzo de 1937. Durante los años posteriores siguieron presentándose peticiones de readmisión. Una de las personas más constantes fue José Luis Iriarte, quien en noviembre de 1939, en relación a una nueva solicitud y a la negativa del ayuntamiento, envió un escrito a la corporación municipal desmintiendo las afirmaciones del concejal Manuel Mozo en las que acusaba al depurado de haber pertenecido a UGT(*).
Un caso excepcional fue el de Ignacio Fernández Eleizgaray, quien tras la entrada de los sublevados en Azpeitia se afilió inmediatamente a Falange, siendo nombrado jefe comarcal (posteriormente sustituido por José Viquendi Zabaleta). A pesar de ocupar este cargo, el ayuntamiento lo destituyó, y en varias ocasiones le negó la reposición en su puesto e incluso el pago de una indemnización. Y es que el asunto iba más allá, ya que desde 1931 todas las corporaciones municipales azpeitiarras habían tenido problemas con la labor de tesorería que había realizado Ignacio. De hecho, en 1939 fue encarcelado en la prisión de Azpeitia acusado por un delito de «infidelidad en la custodia de documentos y estafa»(*).
En cualquier caso, lo destacable es que la depuración de empleados municipales sirvió para que ocuparan sus puestos personas adeptas al régimen franquista. Los concejales proponían en los plenos a «fervientes patriotas» como Eleuteria Arin en sustitución de la maestra huida Ramona Sobrino, e incluso los propios interesados presentaban su solicitud en cuanto conocían la vacante. Así, ocupó el puesto de veterinario municipal Jesús Alberdi en sustitución de Gaudencio Arregui. Posteriormente, fueron varias las normativas que regularon la ocupación de los puestos que quedaban libres. Los colectivos más beneficiados mediante estas reglamentaciones fueron el de los excombatientes y los miembros de la asociación de mutilados de guerra franquistas, los cuales van ocupando prácticamente todas las vacantes entre 1939 y 1940. Cuando en enero de 1940 José María Sarasua solicitó de nuevo su reingreso como vigilante municipal y el ayuntamiento volvió a denegárselo, una de las razones que esgrimió la corporación fue que las plazas de guardia municipal a las que podría optar estaban ocupadas por excombatientes(*).
Por tanto, la pertenencia a los colectivos de excombatientes o mutilados de guerra franquistas daba cierta prioridad a sus integrantes en cuanto a la obtención de un puesto de trabajo municipal, por encima de otros requisitos que pudieran tener mayor relación con la plaza disponible. Un buen ejemplo de ello fue la adjudicación del puesto de veterinario titular de Azpeitia en junio de 1941. Según las actas del ayuntamiento, atendiendo a los méritos académicos y profesionales, la máxima puntuación la consiguió un tal Enrique Zurutuza, si bien, fue el errezildarra Manuel Fernández Arin quien obtuvo la plaza al alegar los concejales Manuel Mozo y José Viquendi la condición de excombatiente de Manuel Fernández, habiendo incluso participado en la liberación de Azpeitia(*).
Por último, cabe señalar la destitución de trabajadores de la plantilla del ferrocarril del Urola. Tras la entrada de los sublevados en Azpeitia los responsables de la compañía dieron un plazo de 15 días para que los trabajadores solicitaran el reingreso en sus puestos de trabajo. De este modo fueron despedidos todos aquellos que habían huido de la localidad, mientras que otros tantos, fueron depurados por la Jefatura del Regimiento de Ferrocarriles, 5ª Unidad(*).
(Archivo Histórico de Museo Vasco del Ferrocarril).
→ Listado VII: Trabajadores del ferrocarril del Urola residentes en Azpeitia que fueron depurados
