2.3. La defensa del autogobierno
La defensa de los derechos y libertades del pueblo vasco a través de la consecución de un estatuto que permitiera recuperar ciertas cotas de soberanía, marcó gran parte de la política municipal de los ayuntamientos vascos en este período. Y es que la proclamación de la Segunda República en 1931, generó grandes expectativas en un porcentaje amplio de la sociedad vasca, un siglo después de la abolición de los Fueros y la implantación del ordenamiento jurídico e institucional español en Hego Euskal Herria.
Anteriormente, ya hemos visto como un día antes de la constitución del primer ayuntamiento en época republicana, la corporación saliente aprobó una declaración en favor de la autodeterminación y la formación de la República Vasca. La adhesión a dicho manifiesto fue la primera decisión adoptada por la corporación municipal formada mediante el artículo 29 el 17 de abril de 1931, una ratificación apoyada de forma unánime por los dieciséis representantes locales. Ya el 12 de mayo el ayuntamiento de Azpeitia se adhirió al movimiento asambleario y municipalista vasco en favor de la consecución de un estatuto de autonomía, siendo nombrado el alcalde Casto Orbegozo procurador para la «Asamblea General de Ayuntamientos» y miembro de la comisión permanente de alcaldes junto con el de Getxo, Llodio, y Sangüesa(*).
(Koldo Mitxelena / Hemeroteca digital).
El 11 de junio de ese mismo año se celebró en Azpeitia la asamblea de municipios guipuzcoanos, en la que se debatió el borrador del proyecto que había redactado la Sociedad de Estudios Vascos y que llevaba por título «Estatuto General del Estado Vasco». Este texto otorgaba al gobierno central la exclusividad en ciertas materias, entre las que se encontraba la relativa a las relaciones Iglesias-Estado. Casto Orbegozo, como posteriormente aprobara la asamblea de Estella, propuso la modificación de este punto, entendiendo que el Estado Vasco tendría que tener plena autonomía en sus relaciones con la Iglesia. Aprobado por 480 de los 520 municipios de Hego Euskal Herria, alcaldes de las cuatro provincias vascas acudieron en el 22 de septiembre a Madrid para hacer entrega del proyecto. Sin embargo, fue precisamente la cuestión de las relaciones Iglesia-Estado la que propició que las Cortes españolas rechazaran el proyecto.
A pesar de la negativa al conocido como Estatuto de Estella, las instituciones provinciales y locales vascas no renunciaron a sus objetivos. Sin embargo, el proceso para la consecución de un estatuto autonómico debió de reiniciarse desde cero, debido a las incompatibilidades que el anterior proyecto presentaba respecto al marco legislativo fijado por la nueva Constitución española aprobada el 9 de diciembre de 1931. El 25 de enero de 1932 el ayuntamiento de Azpeitia, a petición de la comisión gestora encargada de redactar un nuevo estatuto, nombró al alcalde Casto Orbegozo representante de la localidad en la asamblea que tenía previsto celebrarse en Donostia el día 31. El asunto principal a resolver en aquella convocatoria era decidir si debía proponerse un solo estatuto para las cuatro provincias o si cada una de ellas debía tener el suyo propio. En este sentido, la corporación municipal azpeitiarra acordó por unanimidad apoyar el «Estatuto único para las cuatro provincias»(*), posicionamiento que fue secundado por la mayoría de ayuntamientos vascos en las asambleas que el día 31 se celebraron en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria.
En el mes de marzo la comisión gestora finalizó la redacción del proyecto, convocándose una asamblea general en Pamplona para el 22 de mayo, que finalmente fue retrasada al 19 de junio. A pesar de que 354 de los 550 ayuntamientos vascos votaron a favor del proyecto, el rechazo de los tradicionalistas a un texto «ateo» hizo que la mayoría de los municipios navarros votaran en contra del nuevo modelo estatutario propuesto. En el caso de Azpeitia, aunque gran parte de los miembros de la corporación, incluido el alcalde, estaban ligados al carlismo, se apoyó de manera unánime el proyecto(*).
(Archivo General de Gipuzkoa, DFG / Fondo Marín).
Desde entonces y hasta el verano de 1933 el proceso sufrió cierta parálisis debido al «problema navarro». A finales de julio, descartada la integración de Navarra, se convocó a los representantes de los ayuntamientos vascos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa a una asamblea general «para tratar el proyecto de Estatuto único para las tres provincias». En esta reunión la mayoría de los representantes municipales, en el caso de Azpeitia el alcalde José Antonio Oyarzabal, votaron a favor de un nuevo texto conocido como el «Estatuto de las Gestoras», al haber sido elaborado a iniciativa de las Comisiones Gestoras de las Diputaciones Forales. Posteriormente, se convocó un referéndum en las tres provincias mencionadas para el 5 de noviembre, con el objetivo de aprobar el Estatuto Vasco. Ese mismo día el ayuntamiento de Azpeitia celebró un pleno extraordinario en el que informó de los resultados. En el municipio azpeitiarra el 98% de los electores había votado a favor del estatuto, y en conjunto, en las tres circunscripciones vascas en las que se celebró el referéndum los votos favorables fueron superiores a los votos adversos (de las 426.309 personas que acudieron a votar, 411.756 votaron favorablemente). Por ello, el pleno mostró «su vivísima satisfacción por tan resonante triunfo», y acordaba «que recorriera las calles la banda municipal en señal de regocijo, que se izaran las banderas nacional y de Euskadi en el balcón de la Casa Consistorial», y que se mandaran telegramas de satisfacción a diversas instituciones del Estado y al presidente de la Generalitat de Cataluña(*).
Sin embargo, la llegada al poder en noviembre de 1933 de las derechas españolas bajo la coalición de radicales y cedistas, así como el rechazo de los tradicionalistas alaveses, hicieron que la tramitación del estatuto quedara suspendida. Desde una posición ultra-católica y ultra-nacionalista española, el nuevo gobierno central vio en el proyecto autonomista un peligro para «la desintegración de la patria»(*). A este posicionamiento se unió el conflicto en torno al «estatuto del vino» que acabó con la disolución de los ayuntamientos vascos y el nombramiento de una gestora municipal el 28 de septiembre de 1934. Estas circunstancias provocaron que una de las máximas aspiraciones del pueblo vasco durante este período no volviera a tratarse hasta la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, con la consiguiente restitución de los representantes legítimos de los ayuntamientos.
El 23 de febrero de 1936, un día después de la reintegración de la corporación municipal azpeitiarra, el alcalde José Antonio Oyarzabal, como máximo representante de la institución local, enviaba un telegrama al presidente del consejo de ministros y al gobernador civil de Gipuzkoa en el que expresaba «la necesidad de que el Estatuto Vasco fuera rápidamente aprobado y puesto en vigor»(*). Pero a pesar de todos los esfuerzos, el estatuto de autonomía no fue aprobado hasta el 10 de octubre de 1936, en plena Guerra Civil. Por aquel entonces, Azpeitia ya se encontraba bajo el yugo de los sublevados.
(Archivo General de Gipuzkoa, DFG / Indalecio Ojanguren).
