CONCULCACIÓN
A LA INTEGRIDAD FÍSICA,
PSÍQUICA Y MORAL

      Con respecto a las víctimas de conculcación a la integridad física, psíquica y moral, la mayoría de los casos tienen como agravio principal la tortura y los malos tratos bajo custodia policial. En concreto, de los 112 casos documentados sobre este tipo de vulneración, 100 se corresponden a denuncias por torturas físicas y psíquicas, o malos tratos. En este sentido, cabe reseñar la labor investigadora realizada por la Fundación Euskal Memoria como fuente principal de información, a partir de las encuestas repartidas por la localidad con el objetivo de obtener alguna información y documentar la mayor parte de los casos posibles de tortura que pudieran haberse producido desde el año 1960 hasta la actualidad. Asimismo, el Instituto Vasco de Criminología de la UPV (IVAP), por encargo de la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, lleva desde junio de 2014 investigando los casos de tortura sucedidos en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1960 y 2010, a través del estudio tanto de fuentes primarias como secundarias. En diciembre de 2017 se hizo público el informe final de la investigación. En éste se identifica a un total de 4.113 casos de personas “que han denunciado de forma pública y/o judicial haber sido objeto de malos tratos y/o torturas por parte de funcionarios públicos policiales”. El número total de personas que denunciaron torturas es de 3.415, ya que un 17% denunció hacer padecido este tipo de vulneración en más de una ocasión. Además, se ha aplicado el Protocolo de Estambul de Naciones Unidas sobre 202 personas, y se han recogido 500 testimonios directos.^(*) En cuanto a la autoría, la mayor parte de este tipo de vulneración fueron presuntamente ejecutadas por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.^(*) En cuanto a Azpeitia, el IVAP tiene documentados 70 casos, e identificadas a 60 personas nacidas y/o vecinas de Azpeitia víctimas de la tortura y malos tratos. Todas ellas se encuentran recogidas en este informe.

      Asimismo, resulta imprescindible señalar que en el 100% de las 77 personas que han declarado ser víctimas de torturas, el único elemento de prueba existente ha sido el testifical (escrito u oral mediante grabación audiovisual). Este hecho adquiere gran importancia, puesto que la falta de informes policiales, judiciales y médicos podría constatar cierta impunidad en cuanto al empleo de este tipo de vulneración. Por tanto, la carencia de pruebas documentales ha propiciado que en aquellos casos en los que ha sido posible la recogida de la prueba testifical de forma directa, las entrevistas realizadas hayan intentado profundizar e incidir en aspectos concretos relativos a la custodia policial y a los malos tratos manifestados.

      Dentro de esta categoría de conculcación a la integridad física, psíquica y moral se han documentado, además de los casos anteriormente citados, tres casos más de atentado y/o agresiones físicas, y los secuestros de dos empresarios azpeitiarras: Jesús Guibert Azkue en 1983, y Ángel Carasusan Madrazo en 1985. Ambos secuestros fueron perpetrados por los Comandos Autónomos Anticapitalistas. Jesús Guibert permaneció secuestrado entre el 21 de marzo y el 7 de abril de 1983, y Ángel Carasusan entre el 9 y el 12 de julio de 1985.

      En cuanto a los secuestros, las pruebas documentales han resultado determinantes, si bien, en uno de los casos también hemos podido acceder al testimonio no grabado de un familiar directo de la víctima.

      Según el Informe-base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco (1960-2013), elaborado por Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, 62 personas fueron secuestradas por las diferentes organizaciones armadas que han operado bajo las siglas de ETA y otros grupos de carácter subversivo. Por su parte, las organizaciones parapoliciales y de extrema derecha que operaron en territorio vasco fueron responsables de 58 secuestros.^(*)

      Por último, cabe señalar que en 1978 cinco personas fueron retenidas de forma violenta durante varias horas por miembros de grupos armados, tras haberles sido sustraído su vehículo particular. El 4 de diciembre de 1980 Felix Sudupe, conserje del Instituto Laboral de Azpeitia, y su mujer Inés Beloki fueron asaltados en su domicilio por tres encapuchados, obligados a abrir las puertas del Instituto, y retenidos durante media hora en el barrio de Oinatz. A la mañana siguiente tres artefactos explotaron en dicho centro ocasionando daños materiales.

TORTURAS Y MALOS TRATOS

NÚMERO DE CASOS DE TORTURAS DENUNCIADOS *

* Los datos aporta el IVAC-KREI se refieren exclusivamente a la Comunidad Autónoma Vasca, mientras que los de Euskal Memoria se refieren al conjunto de Euskal Herria.

I Datos extraídos del Proyecto de investigación de la tortura en el País Vasco (1960-2014). Informe final.

II Incluye: 9 casos relativos a Policía Municipal: 21 a funcionarios de prisiones: 89 a otros; y 96 sin datos sobre la presunta autoría.

III Casos insertados en la base de datos creada por el equipo de investigación, sobre un total de 3.415 personas identificadas que han denunciado torturas o malos tratos.

IV Datos extraídos del Informe de investigación sobre la tortura en Euskal Herria.

V Incluye: 143 casos relativos a la Brigada Político Social (BPS); 3 a la Policía Militar Española (PME); 9 a Policía Municipal y policías autonómicas; 53 a policía francesa; 30 a otros.

VI Comisión de Valoración creada tras el Decreto 107/2012 del Gobierno Vasco, sobre víctimas de violaciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política (1960-1978).

VII Dato correspondiente al número de casos de malos tratos y torturas reconocidos por la Comisión de Valoración, en virtud de las solicitudes recibidas.

VIII Incluye: 2 casos relativos a la BPS; 1 a la policía francesa; 1 a funcionario de prisiones; 4 sin datos sobre la presunta autoría

IX Los 97 casos documentados corresponden a 76 personas que denunciaron torturas o malos tratos a partir de 1960.

SECUESTROS

ATENTADOS Y AGRESIONES

RETENCIONES VIOLENTAS

HERIDOS POR ATENTADO/EXPLOSIÓN