2.1. Azpeitia como paradigma de la conflictividad política
Utilizada como bastión de los valores conservadores por unos, como paradigma de la cultura vasca por otros, y convirtiéndose en objetivo de aquellos que veían en la homogeneidad de su población un obstáculo para la supervivencia del nuevo régimen democrático, Azpeitia pasó a ser uno de los principales focos de atención de las diferentes tendencias políticas existentes a partir de abril de 1931.
(El Día, 14 de junio de 1932).
En el mes de junio de ese mismo año, las elecciones a Cortes constituyentes arrojaron unos resultados altamente esclarecedores en Azpeitia: la coalición entre PNV y tradicionalistas obtuvo 1.744 votos, mientras que las fuerzas de izquierdas sumaron 18 votos. Se lograba, ahora sí, conocer la voluntad de los azpeitiarras mediante un proceso electoral, evidenciando que la corporación municipal constituida el 17 de abril pudiera cumplir con altas cotas de aceptación o representatividad a pesar de haberse establecido en aplicación del artículo 29.
Con todo, la composición del ayuntamiento de Azpeitia, así como su actividad en pro del estatuto vasco, hizo que el gobernador civil de Gipuzkoa (Félix Galarza Gago) quisiera ejercer cierto control sobre las actividades de la entidad local. En concreto, en diciembre de 1931 envió varios telegramas en los que solicitaba información acerca de la «filiación política» de los concejales, así como de la posible adquisición de acciones de la sociedad editora del periódico monárquico La Nación por parte de «alguna entidad oficial de la localidad»(*). Un mes más tarde, el 25 de enero de 1932, la corporación municipal mostró su más enérgica protesta contra el decreto de disolución de la Compañía de Jesús, y acordó, «haciéndose eco del clamor unánime de todos los vecinos», constar en acta «el profundo sentimiento y dolor» que había producido aquella decisión. Asimismo, los representantes municipales se comprometían a «mantener con firmeza y virilidad, a pesar de las persecuciones y medidas violentas, el espíritu ignaciano que tanto honra y enaltece al pueblo de Azpeitia»(*).
(La Constancia, 12 de abril de 1932).
(Heraldo de Madrid, 5 de septiembre de 1932).
La tensión política existente no sólo se hacía patente entre instituciones sino que también se trasladó a las calles de Azpeitia. A lo largo de 1932 la actividad del movimiento obrero en esta localidad fue en aumento, logrando su momento álgido con la marcha republicana sobre Azpeitia el 4 de septiembre de 1932. Una marcha que venía precedida por las llevadas a cabo por los carlistas el 11 de abril y por los nacionalistas el 12 de junio, y que causó un gran revuelo y varias incidencias en el municipio. Al parecer, se profirieron gritos contra la iglesia y se intentó arrancar una placa del Sagrado Corazón de Jesús. Asimismo, desde la casa del alcalde Casto Orbegozo parece ser que se arrojó agua contra los participantes en la marcha socialista(*). Un día después del acto republicano, el Heraldo de Madrid hablaba en estos términos:
«La República, definitivamente consolidada por la voluntad popular, extiende su beneficioso radio de acción en proporciones triunfales (...) las banderas tricolor de las organizaciones republicanas de Guipúzcoa, Navarra y Álava entran en Azpeitia, último reducto de la reacción aliada con el oscurantismo jesuítico en buena hora desterrado».(*)
Aparte de las lecturas particulares que de los diferentes actos convocados durante 1932 en Azpeitia hiciera cada medio de comunicación, el ambiente político del municipio no parecía ser el más sosegado. A modo de ejemplo, citemos el caso del azpeitiarra Pablo Barredo Fontal: A pesar de haber sido miembro-fundador de Unión Republicana en Azpeitia y posteriormente de las Juventudes Socialistas, Pablo hizo la guerra junto a los sublevados al encontrarse desde 1934 enrolado en el regimiento de zapadores de Melilla n° 7. En 1939, tras finalizar la guerra, fue juzgado por un presunto delito de espionaje, acusado de ser miembro del Servicio de Inteligencia Especial Periférico (SIEP), también conocido como Servicio de Espionaje Republicano. Pues bien, en el expediente que aportó al juzgado de instrucción el Servicio de Información y Policía Militar franquista en relación a los antecedentes izquierdistas de Pablo, se decía lo siguiente:
«...por estas actividades y otras en el mismo sentido (léase su militancia política hasta 1934) fue muy perseguido por el carácter reaccionario del pueblo (Azpeitia), siendo envuelto en un ambiente de hostilidad y limitadísimo su desenvolvimiento en la vida civil, llegando a ser imposible su vida por el boicot que le hacían en su pueblo».(*)
De vuelta al ámbito institucional, poco después de la marcha republicana del 4 de septiembre, el gobernador civil de Gipuzkoa (Pedro del Pozo Rodríguez) visitó Azpeitia, y el día 12 envió un oficio a la corporación municipal en la que detallaba el porqué de la «impresión desagradable» que le había causado su estancia. Según relató en su escrito, el ayuntamiento no había prestado la debida colaboración a los actos de «afirmación republicana». Además, exponía algunas de las irregularidades que había observado e instaba a los representantes locales a adoptar ciertas medidas. Entre otras, reclamaba que en el salón de sesiones se sustituyera el retrato de San Ignacio de Loiola por el del Jefe de Estado y por el emblema de la República española. El gobernador civil de Gipuzkoa aludía a que la imagen de San Ignacio «si bien puede responder a un sentimiento legítimo y noble, también puede simbolizar en estos momentos una protesta contra las medidas legales relacionadas con la disolución de la Compañía de Jesús». Asimismo, se instaba a poner en otro lugar el cuadro del árbol de Gernika «sin perjuicio de lo que sobre estos particulares pudiera aludir en su día ese ayuntamiento, cuando actúe una corporación elegida por los sufragios del cuerpo electoral».(*)
(CDMH PS Madrid 721).
Tras la lectura del oficio, la corporación municipal, a iniciativa del alcalde, hizo constar en acta su desacuerdo con varias de las afirmaciones del gobernador civil. En primer lugar se señalaba que la conducta del ayuntamiento el día del mitin republicano fue correcta, y para ello se citó el oficio del presidente de Unión Republicana de Azpeitia, Timoteo Gómez, en el que se daba las «gracias al ayuntamiento por su colaboración». Además de ello, el ayuntamiento se mostró reticente a retirar el retrato de San Ignacio, incluso se decidió que el alcalde y varios concejales fueran a Donostia a reunirse con el gobernador civil para solicitar que dicha imagen pudiera seguir expuesta en el mismo lugar. Cinco días más tarde el alcalde se reunió con el gobernador civil, y ante la negativa de éste a permitir la colocación de la imagen de San Ignacio, el ayuntamiento instaba «a las fuerzas vivas, entidades y particulares de la villa, elevar un escrito pidiendo que se colocara nuevamente aquel cuadro», así como a la recogida de firmas entre los azpeitiarras.
Seguidamente, en la misma sesión del día 12, la corporación municipal apuntaba que «aunque elegido los señores concejales por el artículo 29, representan al pueblo tan legítimamente como los concejales elegidos por sufragio». Por último, hicieron constar «que el árbol de Gernika no es símbolo del nacionalismo vasco sino representación de la ideología de todos los vascos sin distinción de matices políticos».(*)
Como puede observarse, la tensión entre las diferentes instituciones fue en aumento a medida que se afianzaba el régimen republicano. A cada una de las exigencias de los diferentes gobernadores civiles de Gipuzkoa (un total de cinco entre abril de 1931 y diciembre de 1932), los representantes azpeitiarras intentaban mostrar su oposición o dar una respuesta alternativa. Otro ejemplo de esto último fue la aprobación por parte de la corporación, a iniciativa del concejal Madrazo, de adquirir una ikurriña y colocarla en el balcón del ayuntamiento, una vez que por orden del gobernador se habían visto en la obligatoriedad de colocar la enseña republicana. Pero no sólo se tensionaba la situación con el Gobierno Civil, sino que también se trasladaba a las relaciones con la Diputación. A mediados de octubre, ante la convocatoria de la Diputación para una reunión en Madrid en relación al impuesto de la harina y otras cuestiones, el ayuntamiento respondió a la entidad foral que no acudiría a dicha reunión «dada la situación especial en la que se encontraba el ayuntamiento a causa del proyecto de ley de separación de sus cargos a los concejales elegidos por el artículo 29».
Efectivamente, la disolución de los ayuntamientos nombrados por el artículo 29 estaba en marcha. El 6 de enero de 1933 la Gaceta de Madrid hizo público el decreto-ley aprobado el 20 de diciembre anterior por las Cortes españolas, en el que daba un plazo de 20 días para que los concejales elegidos mediante el mencionado artículo fueran cesados. En su lugar, en aquellos municipios como Azpeitia en los que no existía ningún concejal elegido por sufragio, se nombraron comisiones gestoras formadas por tres personas: un funcionario, un contribuyente, y un obrero. Éstos debían ser menores de 30 años y no haber ocupado ningún cargo durante la dictadura de Primo de Rivera. En el caso del obrero y el contribuyente, serían los sindicatos y agrupaciones, constituidas con anterioridad a esta ley, las que elegirían a las personas encargadas de formar parte de la comisión(*).
Así, el 25 de enero de 1933 se constituyó la Comisión Gestora de Azpeitia formada por el funcionario Jesús Echavarri Castell-Ruiz (presidente), el obrero perteneciente a la Agrupación de Obreros Vascos de la Industria del Mueble de Azpeitia, Nicolás Elorza Aizpitarte, y Eusebio Aguirrezabal Ibarzabal, dueño de un negocio de alquiler de bicicletas. Durante los tres meses siguientes en los que esta Comisión Gestora dirigió el ayuntamiento se multiplicaron las demandas de diferentes sindicatos y asociaciones. Por ejemplo, los republicanos azpeitiarras, de la mano del presidente de Unión Republicana José Valverde, presionaron para que se tomaran ciertas medidas, más simbólicas que políticas, tendentes a mostrar la lealtad de Azpeitia al régimen republicano. En este sentido, se instó a poner el nombre de plaza de la Republica a la plaza principal. Asimismo, el Sindicato de Obreros Vascos (SOV), posteriormente ELA-STV, instó a la gestora a poner en marcha obras ya proyectadas en la localidad con el objetivo de suavizar la situación de desempleo en la que se encontraban muchos obreros(*).
(Revista Uztarria).
2.1.1. El auge del nacionalismo vasco y la ruptura con los tradicionalistas
A medida que la Segunda República fue afianzándose y fijando los limites legislativitos del nuevo régimen democrático, la sintonía entre nacionalistas y tradicionalistas fue resquebrajándose. Sin lugar a dudas, el fracaso del Estatuto de Estella marcó un antes y un después en las relaciones entre ambas tendencias ideológicas. El requisito insalvable que los tradicionalistas hacían de la preeminencia de la iglesia católica para cualquier acuerdo, chocaba con la apuesta decidida del nacionalismo vasco por la consecución de un estatuto de autonomía adecuado a la legislación republicana.
En Azpeitia, estos dos espectros ideológicos se disputaron durante todo el período republicano el liderazgo político. Las elecciones a Cortes constituyentes de junio de 1931, y en parte el ayuntamiento formado en el mes de abril de ese mismo año, reflejaron la escasa diferencia entre ambas en cuanto al apoyo electoral, así como el predominio de estas doctrinas frente a los partidos de izquierdas. Sin embargo, fueron las elecciones municipales del 23 de abril de 1933 las que midieron realmente las fuerzas de unos y otros en la localidad. En éstas, los resultados para los candidatos nacionalistas fueron muy positivos, al conseguir 15 concejalías de 16 en juego. La plaza restante fue para el único representante tradicionalista elegido por los azpeitiarras: José Alzuru Sampedro. En resumen, en las tres circunscripciones formadas las candidaturas nacionalistas lograron 6.481 votos, 2.104 las tradicionalistas, y 193 las candidaturas republicanas, sin conseguir estos últimos representación municipal.
CORPORACIÓN MUNICIPAL CONSTITUIDA EL 10 DE MAYO DE 1933(*)
Alcalde: José Antonio Oyarzabal Oyarzabal (Nacionalista)
Primer teniente-alcalde: Ciriaco Aguirre Cincunegui (Nacionalista)
Segundo teniente-alcalde: Antonio Olaizola Echeverria (Baserritarra/PNV)
Tercer teniente-alcalde: José María Aramendi Estala «Pipas» (Baserritarra)
Síndico 1°: José Manuel Aguirre Echeverria (Nacionalista)
Síndico 2°: José Alzuru Sampedro (Tradicionalista)
Concejales: Luis Goenaga Odriozola (Baserritarra)
Demetrio Eguiguren Barrutia (Nacionalista)
Francisco Arregui Echaniz (Baserritarra)
Miguel Irureta Peñagaricano (Nacionalista)
José María Sorozabal Zulaica (Nacionalista)
Manuel Olazabal Gurruchaga(Baserritarra)
José Antonio Altuna Garate (Baserritarra)
Marcos Urbistondo Cendoya (Baserritarra)
José Antonio Arruti Garagarza (Nacionalista)
Emeterio Alberdi Aguirre (Baserritarra)
(S.C. Aranzadi / Fondo Roque Astigarraga).
Por tanto, parece ser que los posicionamientos políticos nacionalistas habían calado en la ciudadanía azpeitiarra. Sin embargo, el movimiento tradicionalista seguía contando con el apoyo de amplios sectores sociales, cuyos máximos valedores eran personas ilustres ligadas a la oligarquía vasca con intereses en Azpeitia como la marquesa de San Millán (Dolores Porcel), «presidenta honoraria de las Margaritas» o los señores de Zuazola. La movilización y las proclamas en torno a la religión fueron una constante durante este período, sabedores de que la cuestión religiosa era un componente movilizador de primer orden. El 11 de junio de 1933, el Centro Tradicionalista de la localidad celebró el acto de «bendición de la bandera del Requeté», al que acudieron cientos de personas y en el que se vertieron proclamas apocalípticas sobre la salvaguarda de España y en contra de la República(*).
Sin duda, la aprobación de La Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas aprobada por las Cortes españolas el 2 de junio de 1933 vino a tensar aún más el clima social. La aplicación de esta ley en el ámbito municipal afectaba principalmente al cierre de los centros de enseñanza católicos y al acomodo en la red pública de los alumnos de aquellos centros. La corporación municipal, donde la representación nacionalista era mayoritaria, se limitó a cumplir la legislación, nombrando para esta cuestión al alcalde José Antonio Oyarzabal y al concejal Ciriaco Aguirre representantes de la Comisión Mixta de Instrucción Pública(*).
En consecuencia, la tensión entre nacionalistas y tradicionalistas se convirtió en ocasiones en un conflicto entre la corporación municipal y las autoridades eclesiásticas de Azpeitia. Un choque que se hizo definitivamente público en la festividad de San Ignacio del 1 de agosto de 1933, cuando el clero encargado de los actos religiosos prohibió cantar el himno de San Ignacio en euskera (el Iñaki Deuna con letra de Sabino Arana). Ante este hecho, el ayuntamiento se adhirió a la protesta redactada por la Junta Municipal del PNV en la que se hablaba del «antivasquismo de los dirigentes del clero de Azpeitia» y del «atropello cometido con el euskera y con nuestros sentimientos nacionalistas». Además de ello, se eligió al alcalde para formar parte de la comisión que haría entrega de la protesta a la autoridad diocesana(*).
A partir de entonces y hasta el final del período republicano el enfrentamiento entre iglesia y autoridades locales no hizo más que aumentar. Por ejemplo, en tiempos de guerra el alcalde Ciriaco Aguirre y su mujer acudían a misa diariamente a las 8:30 h. Uno de esos días el abad se negó a dar la hostia consagrada a Ciriaco, por lo que éste interpeló al abad sobre su actitud. Al parecer, el religioso le contestó que la negativa a darle la hostia respondía a que Ciriaco era separatista y «de los rojos»(*). Este hecho tuvo cierta repercusión en el pueblo, a tenor de los testimonios que a lo largo de los años han prestado varios vecinos de la localidad.
(S.C. Aranzadi / Fondo Imanol Elias).
Otro modo de ilustrar el alejamiento ideológico entre nacionalistas y tradicionalistas lo encontramos en la declaración prestada por Alejandro Orbegozo Embil ante el juzgado de instrucción militar de Donostia en 1938, acusado de un supuesto delito de «auxilio a la rebelión». En ésta, Alejandro explicaba por qué se afilió al PNV y por qué decidió posteriormente abandonar dicho partido:
«Que hasta el año treinta y uno fue carlista de ideas y dicho año ingresó en el Partido Nacionalista por el asunto del Estatuto de Estella, estatuto que pedían juntos carlistas y nacionalistas para solicitar la autonomía económica pero no la separación del resto de España, siguiendo el declarante con sus ideas carlistas. Y al declarante, como a otros, el citado estatuto les llevó al Partido Nacionalista (...) dándose de baja en el citado partido porque este abandonó el Estatuto de Estella y comenzó con un estatuto que le llaman de Vitoria, laico y separatista».(*)
Pero a pesar de estos encontronazos con la institución que más influencia tenía en la sociedad azpeitiarra y las constantes denuncias de los círculos tradicionalistas sobre los «abusos que se cometen en los bailes» y las «inmoralidades en circos y barracas», los nacionalistas del PNV no perdieron el pulso y en las elecciones generales del 19 de noviembre de 1933 volvieron a ser la fuerza más votada, tanto en Azpeitia como en el resto de la provincia. Los candidatos de las derechas españolas aglutinados en Renovación Española, a pesar de conseguir más de 3.000 votos, quedaron muy alejados de los 8.150 logrados por los jeltzales. Los republicanos, por su parte, no llegaron al centenar de votos(*). Sin embargo, los resultados en el Estado español auparon al poder a los partidos de derechas (la coalición radical-cedista), lo que supuso un varapalo para la consecución del ansiado estatuto y, en general, para el avance de la Segunda República en materia de derechos y libertades, tanto individuales como colectivas.
2.1.2. El «bienio negro» en Azpeitia. La dimisión de la corporación municipal y el nombramiento de una comisión gestora
(Revista Uztarria).
En cualquier caso, parece evidente que en Azpeitia las sucesivas citas electorales de 1933, a las que habría que añadir el apoyo masivo al nuevo proyecto estatutario votado en referéndum, otorgaron al nacionalismo del PNV el predominio político. Sólo una decisión o contratiempo inesperado, como fue el conflicto en torno al «Estatuto del Vino» y la contravención que con respecto al Concierto Económico suponía el desgravar fiscalmente esta bebida alcohólica, pudo restituir en el poder municipal a los tradicionalistas azpeitiarras.
Efectivamente, únicamente tras la decisión de los municipios vascos el 29 de julio de 1934 de formar una Comisión Permanente en defensa del Concierto Económico vasco a través de unas elecciones en las que los concejales de cada ayuntamiento elegirían a cuatro representantes por cada distrito electoral, se dio paso a revertir la voluntad popular. Desde el primer momento, los gobernadores civiles advirtieron de la ilegalidad y las consecuencias penales que a su juicio suponía la celebración de la jornada electoral prevista para el 12 de agosto(*). Sin embargo, los ayuntamientos vascos siguieron adelante, y en el caso de Azpeitia, la votación se llevó a cabo en la «casa n° 4 y 5 del barrio de Arzubia» y no en la casa consistorial, al ser ocupada ésta por la Guardia Civil(*).
(Archivo General de Gipuzkoa, DFG / Indalecio Ojanguren).
El día 13, el juzgado de Azpeitia comunicó al gobernador civil (Emeterio Muga Díez) la suspensión de varios alcaldes entre los que se encontraba José Antonio Oyarzabal, pasando a ocupar el cargo de forma interina Ciriaco Aguirre. Diez días más tarde, el 23 de agosto, se convocó una sesión extraordinaria en el ayuntamiento de Azpeitia en la que se informó del procesamiento y suspensión del alcalde, lo que provocó que Ciriaco dimitiera como alcalde interino y que el resto de los concejales asistentes se negaran a ocupar el cargo. Tras este hecho el gobernador civil propuso colocar al frente del ayuntamiento al único concejal tradicionalista de la localidad, José Alzuru, el cual sufrió un ataque contra su domicilio «con dos petardos de dinamita» a comienzos de septiembre. Una vez le dio el visto bueno «su partido», José Alzuru aceptó el cargo y convocó para el día 4 de septiembre al resto de concejales para un pleno que quedó suspendido ante la falta de representantes(*). Ese mismo día se produjo la dimisión colectiva de todos los concejales de todos los ayuntamientos vascos.
En consecuencia, a partir del 28 de septiembre de 1934 y hasta febrero de 1936 la representación municipal de Azpeitia pasó a manos de una gestora nombrada por el gobernador civil de Gipuzkoa, en función del decreto-ley publicado el día 23. Esta decisión provocó los siguientes resultados:
— Al menos nueve de los trece miembros de la comisión eran tradicionalistas.
— Siete de los trece fueron candidatos en las elecciones de abril de 1933 pero no contaron con el respaldo electoral suficiente para ser proclamados concejales, por lo que el nombramiento de esta gestora les aupaba a un cargo de representación local que no habían logrado obtener a través de las urnas.
— Cinco de ellos fueron concejales de Azpeitia durante el primer franquismo.
COMISIÓN GESTORA NOMBRADA POR EL GOBERNADOR CIVIL EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1934(*)
Alcalde: Roque Astigarraga Echaniz (Tradicionalista. Concejal en abril de 1931 y alcalde franquista)
Primer teniente-alcalde: Pedro Azpiroz Mendiola
Segundo teniente-alcalde: Lucas Aguirre Echeverria (Republicano)
Tercer teniente-alcalde: Prudencio Olaizola Aranguren (Tradicionalista. Concejal franquista)
Síndico 1°: Juan José Iriarte Odriozola «Saralle» (Tradicionalista. Concejal en abril de 1931, candidatura baserritarra, y concejal franquista)
Síndico 2°: Martin Bereciartua Arcelus (Tradicionalista)
Concejales: José Alzuru Sanpedro (Tradicionalista)
Ignacio Orbegozo Juaristi (Tradicionalista. Concejal franquista)
Pedro Arcelus Epelde (Tradicionalista)
Juan José Iturralde Querejeta (Tradicionalista)
José María Aizpuru Aramburu (Tradicionalista. Concejal en abril de 1931, candidatura baserritarra, y concejal franquista)
Ignacio Bereciartua Cendoya
José Antonio Campos Zubillaga
Por tanto, durante los siguientes 17 meses la gestión del ayuntamiento de Azpeitia quedó en manos de una comisión gestora no elegida por los ciudadanos. Entre sus decisiones más controvertidas estuvo la destitución arbitraria de varios trabajadores municipales y la colocación en dichos puestos de personas afines. Este fue el caso, entre otros, de los cargos de celador de arbitrios, administrador del matadero, sereno, oficiales, y alcaldes de barrio(*). Además de ello, se dejó fuera de los presupuestos el sueldo del veterinario titular, Gaudencio Arregui, lo que provocó una querella por parte de éste(*).
En otro orden de cosas, destacó también el apoyo incondicional que la comisión gestora mostró al gobernador civil y al gobierno de la República presidio por Alejandro Lerroux en su actuación contra los sucesos revolucionarios de octubre de 1934. El 11 de noviembre de 1934, a propuesta del concejal Juan José Iriarte, la comisión expresaba su sentido pésame por los asesinatos de Marcelino Oreja y Carlos Larrañaga «por las turbas revolucionarias(*)».
En un aspecto más simbólico, durante meses se produjo una discusión en las sesiones plenarias de la corporación en torno al reglamento de la banda municipal. Las «Asociaciones Religiosas y Civiles» de Azpeitia, así como la sección femenina de requetés Margaritas, solicitaron la modificación de dicha reglamentación con el objetivo de que se impidiera el baile público, tanto en los lugares abiertos como en los cerrados, y que «no se establezca la costumbre de las Kalejiras». Estas peticiones iban en la línea de las repetidas quejas que contra las «inmoralidades» observadas en fiestas venían denunciando desde el comienzo del período republicano los grupos carlistas de Azpeitia. Sin embargo, a pesar de que concejales como Pedro Azpiroz, José Alzuru y Pedro Arcelus se mostraron firmes partidarios de la modificación, encontraron la oposición del alcalde Roque Astigarraga y otros miembros de la comisión, lo que hizo que la cuestión quedara sin resolverse al finalizar el mandato de éstos en febrero de 1936(*).
(Archivo General de Gipuzkoa, DFG / Indalecio Ojanguren).
2.1.3. El triunfo del Frente Popular y la restitución de los concejales electos
Los días 16 y 23 de febrero de 1936 se celebraron en el Estado español las últimas elecciones generales del período republicano, tras una campaña intensa marcada por la disputa ideológica entre la izquierda y la derecha, aglutinadas en coaliciones electorales. En Gipuzkoa el PNV se hizo con 4 escaños y el Frente Popular con 2, quedando sin representación la coalición contrarrevolucionaria en la que figuraban Comunión Tradicionalista, la Derecha Vasca integrada en la CEDA y los monárquicos de Renovación Española.
En Azpeitia, la diferencia entre el PNV y la coalición de derechas fue de apenas 300 votos (1763 votos logró el PNV frente a 1478 de las derechas), mientras que el Frente Popular tan sólo consiguió el apoyo de 110 azpeitiarras. Probablemente, el miedo infundido ante la posible puesta en marcha de un proceso revolucionario motivó la recuperación del voto tradicionalista en Azpeitia en detrimento del PNV. En todo caso, lo que parecía no cambiar era el escaso apoyo que seguía cosechando la izquierda en el municipio(*).
(Foto obtenida de EGAÑA, I.: 1936, Guerra Civil en Euskal Herria).
Tras las elecciones generales se produjo la restitución de la corporación municipal nombrada por «elección popular» e inhabilitada en septiembre de 1934. El 22 de febrero de 1936, una vez aprobada el acta de reintegración, se procedió a colgar de la balconada del ayuntamiento la bandera republicana y la ikurriña. Posteriormente, en las sesiones plenarias celebradas durante los meses de marzo y abril el asunto de mayor calado que debió tratar el ayuntamiento fue la revisión de la labor administrativa de la comisión gestora anterior y, sobre todo, la revocación de los empleados públicos nombrados por la gestora «sin otra guía que su capricho y favoritismo». En este sentido, la corporación azpeitiarra acordó adherirse a la solicitud que el ayuntamiento de Donostia pretendía elevar al «poder público» del Estado, para que dictara una disposición oficial que diera cobertura legal a la anulación de los acuerdos tomados por las comisiones gestoras(*).
Con respecto a los nombramientos de manera arbitraria de empleados públicos, destacaron casos como la designación de maestro de escuela a una persona que ni siquiera poseía la titulación necesaria, y que incluso previo a su designación a finales de octubre de 1935 había sido desestimado por un inspector de enseñanza. Asimismo, el concejal José María Sorozabal denunció «el hecho de que algunos empleados (públicos) tienen más de un cargo en perjuicio de obreros parados que podrían desempeñarlos». No obstante, el 2 de abril los empleados nombrados por la anterior comisión gestora pidieron al ayuntamiento que diera marcha atrás al acuerdo de revocación de sus puestos, amenazando con acudir a los tribunales. Efectivamente, al ser denegada esta solicitud el asunto fue llevado a los juzgados, acordando la corporación municipal el 12 de mayo personarse como parte en la demanda contra ésta(*).
En definitiva, el periodo que transcurrió entre la restitución del ayuntamiento en febrero de 1936 y el fracasado golpe de Estado del 17 y 18 de julio que dio comienzo a la Guerra Civil, estuvo marcado por la corrección de las políticas llevadas a cabo por la comisión gestora. Pero además de ello, hubo dos cuestiones sin resolver que trascendían los márgenes de actuación de la política municipal, pero que la condicionaron desde el inicio de la Segunda República: la crisis económica y la consecución del estatuto de autonomía.
