1983-2017
1982 finalizó con la formación del primer gobierno socialista del período democrático presidido por Felipe González Márquez. En febrero de 1983 se dio a conocer el Plan ZEN (Zona Especial Norte), un documento elaborado por la Dirección de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior español dirigido por José Barrionuevo Peña. Su objetivo era potenciar “la lucha contraterrorista en todos los campos: político, social, legal y policial”, lo que supuso un aumento considerable del presupuesto antiterrorista y del número de agentes, especialmente del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil; y la aplicación de medidas excepcionales y coercitivas que afectaban al conjunto de la sociedad vasca.(*) Este Plan fue implementado con la Ley antiterrorista aprobada el 26 de diciembre de 1984 (Ley Orgánica 9/1984), en sustitución de la Ley 11/80. Varios de los puntos fueron declarados inconstitucionales en diciembre de 1987 por el Tribunal Constitucional, al considerar que atentaban contra el reconocimiento, la protección y las garantías que en defensa de los derechos humanos establecía la Constitución española.(*)
En cualquier caso, la puesta en marcha del Plan ZEN coincidió con el surgimiento de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), cuya actividad se desarrolló al menos hasta 1987.(*) Los GAL sintetizaron en una sola organización lo que ha dado en llamarse terrorismo de Estado, conocido con el eufemismo de guerra sucia desde que las investigaciones periodísticas descubrieran las implicaciones políticas que subyacían en el funcionamiento de esta organización. Años más tarde, el ministro del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, los gobernadores civiles de Bizkaia y Gipuzkoa, y el máximo jefe de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el Comunidad Autónoma Vasca, además de varios agentes de ambos cuerpos, fueron juzgados por actividades desarrolladas por los GAL.(*) En la década de 1980 es cuando mayor número de denuncias por torturas y malos tratos bajo custodia policial se produce en la Comunidad Autónoma Vasca, con un total de 1321 casos.(*) En 1981 murió en el hospital de la cárcel de Carabanchel Joxe Arregi Izagirre a consecuencia de las torturas a las que fue sometido. En 1983 se produjo el secuestro y posterior asesinato de José Antonio Lasa Arostegi y José Ignazio Zabala Artano. En 1985 fue detenido Mikel Zabalza Garate, cuyo cadáver apareció 20 días más tarde en el río Bidasoa.
Entre los años en que estuvieron activos los GAL, ETA y “grupos afines”(*) acabaron con la vida de más de 200 personas.(*) El 19 de junio de 1987 ETA colocó un coche-bomba en el aparcamiento del centro comercial de la empresa Hipercor en Barcelona, causando 21 muertos y 45 heridos. En 1988 todas las fuerzas políticas con representación en el parlamento vasco salvo Herri Batasuna, formalizaron su unidad de acción contra ETA y HB a través del conocido como Pacto de Ajuria Enea.(*) Un año más tarde, el 22 de enero de 1989, ETA declaró una tregua, lo que propició el inicio de las negociaciones de Argel. Esta fue la primera de las diferentes treguas, totales o parciales, que ETA anunció hasta la declaración del “cese definitivo de su actividad armada” el 20 de octubre de 2011.
A partir de 1995 la ponencia Oldartzen aprobada por las bases de HB y la actividad de ETA aumentaron la presión coercitiva sobre el conjunto de la sociedad, en una estrategia que se ha dado en denominar “la socialización del sufrimiento”. El 23 de enero ETAm atentó por primera vez contra un cargo político, acabando con la vida del máximo responsable del PP en Gipuzkoa, Gregorio Ordoñez Fenollar (si bien ETApm había atentado mortalmente contra el dirigente de la UCD de Álava José Ignacio Ustaran Ramírez el 20 de septiembre de 1980). En el mes de noviembre se reformó el código penal a partir de la Ley Orgánica 10/1995(*), y el 4 de mayo de 1996 fue investido como presidente del Gobierno español José María Aznar López. Posteriormente, el 1 de julio de 1997, fue rescatado José Antonio Ortega Lara, cautivo durante 532 días, finalizando así el secuestro más largo perpetrado por ETA. Doce días más tarde de nuevo ETA atentaba mortalmente contra un miembro del PP, Miguel Ángel Blanco. Además, en estos años se produce un incremento significativo de los actos de kale borroka.
El 12 de septiembre de 1998 se firmó el Acuerdo de Lizarra-Garazi en la búsqueda de un “proceso de diálogo y negociación” entre 39 organizaciones políticas, sindicales y sociales, principalmente formaciones nacionalistas vascas.(*) Cuatro días después ETA declaró su primer alto al fuego “indefinido”. Asimismo, en 1998 se inició, con la clausura del diario Egin y detención de sus responsables por orden del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón Real, la persecución policial y judicial contra organizaciones y medios afines a la izquierda abertzale, lo que popularmente se ha dado a conocer como la doctrina de “todo es ETA”. Esta actividad contra ETA y su “entramado”(*) encontró amparo en las diferentes reformas legislativas, fundamentalmente con la aprobación de la Ley de Partidos en 2002,(*) la cual llevó a la ilegalización en 2013 de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna. Asimismo, tuvo como consecuencia el aumento de las denuncias de casos de tortura bajo custodia policial y la posterior imputación de más de 200 personas en diferentes procesos judiciales colectivos que afectaban, entre otros, a miembros de partidos políticos, euskaltegis, medios de comunicación, u organizaciones como la Fundación Joxemi Zumalabe.
Entre 2003 y 2011 un total de 12 candidaturas electorales afines a la izquierda abertzale fueron impugnadas, dejando sin representatividad política en las instituciones durante este período a una parte significativa de la sociedad vasca.(*) Este hecho trajo como consecuencia el aumento de la presión y el número de amenazas graves contra electos municipales de otras sensibilidades políticas.
El 18 de febrero de 2004 ETA declaró la suspensión de todas sus “acciones armadas” en Cataluña, y en 2005 el cese de los ataques contra cargos electos españoles. El 22 de marzo de 2006 ETA declaró un alto al fuego permanente, lo que posibilitó un proceso de negociación entre el Gobierno de España y la organización armada. Tras el atentado contra la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas el 30 de diciembre de 2006, en el que murieron dos personas, el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero dio por rota las negociaciones. El 30 de julio de 2009 ETA causó la muerte de los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá, en la localidad de Calviá (Islas Baleares), siendo éste el último atentado con víctimas mortales de esta organización. No obstante, el 16 de marzo de 2010 se produjo un tiroteo en la localidad francesa de Dammarie-les-Lys entre miembro de las Gendarmerie y ETA en el que falleció el policía francés Jean-Serge Nérin. El 5 de septiembre de 2010 ETA anunció el fin de las “acciones armadas ofensivas”, el 10 de enero de 2011 un alto el fuego “permanente”, y finalmente, el 20 de octubre de 2011, el cese definitivo de la actividad armada. Un mes antes, se había constituido la Comisión Internacional de Verificación (CIV), compuesta por grupo de seis personas con experiencia internacional en procesos de paz y seguridad, cuyo trabajo culminó con la entrega de armas por parte de ETA el 7 de abril de 2017. En la actualidad el reconociendo de las víctimas y la situación de los presos son las dos cuestiones que más interés público y movimientos políticos están produciendo en lo concerniente al conflicto.(*)
RECUENTO DE VÍCTIMAS MORTALES (1983-2017)
CASOS DE TORTURAS Y MALOS TRATOS (1983-2017)*
CASOS DE VULNERACIONES DOCUMENTADAS
EN AZPEITIA ENTRE 1983-2017
* Los datos aporta el IVAC-KREI se refieren exclusivamente a la Comunidad Autónoma Vasca con fecha límite el año 2014, mientras que los de Euskal Memoria se refieren al conjunto de Euskal Herria.
** Se incluye a Dionisio Aizpuru Arbelaitz y a Pedro María Isart Badiola.
*** Se incluye a las 26 personas que tuvieron que llevar escolta durante estos años.
I Datos presentados en el Informe-base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco (1960-2013).
II Incluye a las víctimas de las diferentes escisiones de ETA y otras organizaciones armadas.
III López Romo, R. Informe Foronda. Los contextos históricos del terrorismo en el País Vasco y la consideración social de sus víctimas 1968-2010.
IV Incluye a las víctimas de las diferentes escisiones de ETA y otras organizaciones armadas
V Según se recoge en la página web de Euskal Memoria esta cuantificación alude a “fallecidos en el contexto del conflicto y a causa de la represión" a partir de 1960.
VI Datos extraidos del Proyecto de investigación de la tortura en el País Vasco (1960-2014). Informe final.
VII Datos extraídos del Informe de investigación sobre la tortura en Euskal Herria.
VIII Se incluye en la cuantificación final dos casos no atribuibles a los cuerpos policiales citados en el cuadro. En los años que comprende esta investigación se produjeron dos secuestros contra azpeitiarras por parte de grupos armados de carácter subversivo. En ambos casos fue Comandos Autónomos Anticapitalista el responsable de la acción, y ambos eran empresarios que padecieron extorsión económica antes y durante el período de cautiverio. Estos secuestros, por tanto, están directamente relacionados con otro tipo de vulneración de derechos humanos, la extorsión económica.
