Jon-Mirena LANDA GOROSTIZA
Catedrático (acred.) Derecho penal. / Director de la Cátedra de Derechos
Humanos y Poderes Públicos, Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
(Leioa, 10 de mayo de 2018)
La presente investigación, como señala al final de su introducción, parte de una premisa cargada de buenas intenciones ya que se afirma que “no pretende incorporarse a ningún tipo de dialéctica en torno al relato. Desde estas páginas no pretendemos valorar lo sucedido, ya que esa labor corresponde a otros agentes, quienes van a encontrar en este informe material y contenido para hacerlo”
La pretensión de permanecer neutral y adoptar una posición “notarial” lleva a establecer un amplio espectro temporal (1960-2017) y un largo listado de categorías de vulneraciones de derechos humanos de motivación política (derecho a la vida, integridad física, psíquica, moral, amenazas, extorsión, atentados y otros sufrimientos.) en los que se adivina una vocación de reflejar el impacto de la violencia en Azpeitia —y/o contra personas de la localidad— de la manera más omnicomprensiva posible. Probablemente al ser una investigación de ámbito local hay una lógica tendencia a que no se produzcan errores por ausencia y que el informe pueda resultar un espejo cabal de cuantos acontecimientos violentos injustos —incluso sufrimientos intensos— se hayan producido.
Tal intento no busca, sin embargo, relativizar el juicio moral sobre la injusticia de la graves vulneraciones. Sino que, a buen seguro, se orienta a registrar todas ellas y a documentarlas para que se pueda progresar a partir de ahí en trabajos que complementen o incluso corrijan los hechos. La vocación constructiva y de futuro apea a sus autores de los viejos debates sobre la “equidistancia” y los acerca más bien a ese principio de “indivisibilidad de los derechos humanos” según el cual sólo quien se toma todos los derechos en serio es reconocible como agente de buena fe y coherente con la Declaración Universal de 1948 y todo el posterior legado del derecho internacional en la materia.
Este punto de partida, loable y necesario, precisará una aproximación de los lectores con igual pureza de intención. Quien quiera ver a lo largo de estas páginas la confirmación de su postura política se habrá equivocado, a mi juicio, de lectura. Porque no persigue ser una obra de parte ni para una parte. El dolor que incorpora debería generar respeto y reflexión. Respeto por tanta víctima inocente. Reflexión de cómo ha sido posible que razones ideológicas hayan llegado a convencer a quienes cometieron los graves delitos que se describen de que les habilitaba para arrancar la vida, u otros derechos fundamentales, a otras personas.
Pero a una tal reflexión es difícil llegar en nuestro País por el mero hecho de alentar discursos políticos generales. Soy un convencido de que las historias concretas, las personas y sus vidas truncadas, tienen la fuerza de “despolitizar” y generar una memoria compartida que nos humanice, que genere empatía, que establezca claridad ética en los juicios de pasado y que, al mismo tiempo, promueva un futuro de mayor cohesión posibilitando la reconstrucción del tejido social. Para ello trabajos como este son necesarios porque recuperan trozos de realidad que se pierden por las rendijas de los grandes debates. Trozos de realidad que no militan a favor de la lucha de contabilidades ni de relatos. Trozos de realidad que ponen bases humildes (work in progress) para hacer verdad sobre cuyos cimientos se irá edificando un marco de convivencia inclusivo en el que todos deberíamos podernos reconocer y respetar.
Lo señalado hasta el momento no evitará a buen seguro que, en un segundo nivel, haya quien encuentre criticable la manera de organizar la contextualización o la traslación que se hace en el informe de las categorías del derecho internacional de los derechos humanos. O quien pueda completar y perfeccionar la recogida de información por cuanto es una labor ingente abierta al futuro como los propios autores señalan. Pero ojalá que dicha crítica sea semilla para ir elaborando nuevos trabajos de contraste que mediante el diálogo honesto contribuyan a mayores cotas de solvencia. Sobran en el futuro que se abre a la sociedad vasca quienes quieran trasladar la lucha política a la lucha de escuelas o disciplinas. Sobran los nostálgicos que se resisten a vivir sin trincheras. La verdad de lo ocurrido necesita de todos los aportes de buena fe: de historiadores, de juristas, de sociólogos, de antropólogos, de periodistas y de un largo etcétera. Desconfiemos de quienes se arrogan el monopolio de la verdad y dejemos que sean los ciudadanos y ciudadanas las que, como personas maduras y autónomas, sepan distinguir e integrar los aportes en el libre mercado de las ideas de una democracia que a todas y todos nos toca cimentar y mejorar.