El 22 de marzo de 1984 cuatro militantes de Comandos Autónomos Anticapitalistas fallecieron a consecuencia de los disparos efectuados por miembros de la unidad especial de la policía nacional española GEO. Dos de ellos eran azpeitiarras: Pedro Mari Isart y Dionisio Aizpuru.
Según la versión oficial, lo ocurrido en Pasaia fue un enfrentamiento armado entre los miembros de Comandos Autónomos Anticapitalistas y los GEO. En palabras del entonces gobernador civil de Gipuzkoa, Julen Elorriaga, “la policía hizo lo que tenía que hacer. Se identificó como tal y les dio el alto al fuego; parte del comando saltó a tierra, otros aceleraron la marcha de la embarcación y alguno efectuó los primeros disparos”.(*) Esta versión oficial fue contradicha por varios testigos cuyas declaraciones apuntaban al ametrallamiento de la zodiac donde viajaban los fallecidos sin que previamente se hubiera disparado desde dicha embarcación. Asimismo, resulta de vital importancia el informe forense realizado por Francisco Etxeberria, donde se señala que Pedro Mari Isart recibió 28 impactos de bala y Dionisio Aizpuru 36. En cambio, no consta que ninguno de los agentes fuera herido por arma de fuego.
Sin embargo, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Donostia dictó el sobreseimiento del caso en julio de 1984 al no observar “la existencia de hechos constitutivos de delito en la actuación de la policía”.(*) Esta resolución corroboraba así la versión del Gobierno Civil de Gipuzkoa, y obviaba, por tanto, no sólo los testimonios y el informe forense, sino también el informe emitido por el Departamento de Interior del Gobierno Vasco el 27 de abril de 1984, en el que se decía “que la versión oficial facilitada, tanto por el Ministerio de Interior a las 12 de la noche como la del Gobierno civil al día siguiente, y las declaraciones complementarias del Gobernador Civil, Sr. Elorriaga, no se ajustan a la realidad de lo ocurrido, e incluso son contradictorias entre ellas mismas”.
En 1986, el único superviviente del grupo que viajaba en la zodiac, Joseba Merino, declaró en una entrevista que dos de los fallecidos, Dionisio Aizpuru y Rafael Delas, fueron fusilados una vez identificados por la policía.(*) Esta misma declaración volvió a ratificarla por última vez ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Donostia en 2001(*), declaración en la que también negó que hubiera habido un enfrentamiento armado entre la policía y los fallecidos.
En 2005 la Audiencia Provincial de Gipuzkoa emitió un auto en el que se señalaba que existían indicios de un delito de homicidio por parte de la policía en la acción que acabó con la vida de los cuatro militantes de CAA. Además de ello, se apuntaba a que no existían pruebas de que desde la zodiac se hubiera efectuado ningún disparo. Posteriormente, el 2 de febrero de 2016, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Donostia volvió a hacer referencia a un posible delito de homicidio, si bien archivaba el caso por no poder ser identificados los autores del mencionado delito.
En definitiva, el caso ha sido sobreseído en tres ocasiones. La Audiencia Provincial de Gipuzkoa rechazó el 8 de noviembre de 2016 el recurso presentado por el Ayuntamiento de Azpeitia en contra del archivo de la causa. En consecuencia, tras agotar la vía judicial en el Estado español, este consistorio, junto con el abogado de las familias de los fallecidos, interpuso en marzo de 2017 una demanda de amparo con el objetivo de que el Tribunal Constitucional continuara con la causa para esclarecer los hechos, demanda que fue también desestimada, y que llevó al Ayuntamiento y a los familiares a presentar por separado un último recurso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este Tribunal ha desestimado recientemente ambos recursos.
Desde un primer momento y hasta la fecha las declaraciones de testigos, la obstrucción informativa a los periodistas que cubrieron el suceso, la actitud de instituciones como el Gobierno Vasco que tras el suceso abrió una investigación paralela, e incluso el informe forense y las resoluciones judiciales citadas anteriormente,(*) arrojan serias dudas sobre si lo ocurrido en Pasaia fue realmente un enfrentamiento armado. En el caso de no serlo los fallecidos habrían sufrido una vulneración del derecho a la vida.